Anticorrupción considera que los indicios encontrados contra la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, y el expresidente de la Generalitat Valenciana Francisco Camps, ambos aforados, determinan que la totalidad de la causa debe ser instruida por el Tsjcv.

“Habida cuenta de la evidente conexión entre los hechos presuntamente delictivos ejecutados en la Comunidad Valenciana y la Comunidad Balear y la inviabilidad de su enjuiciamiento por separado, el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana debería asumir íntegramente la pieza, requerir de inhibición al juez de Instrucción número 3 de Palma de Mallorca y concluir la instrucción de la causa practicando cuantas diligencias se hallen pendientes”, señala el informe presentado esta mañana por Anticorrupción.

El escrito hace asimismo hincapié en que las actividades presuntamente desarrolladas por Camps y Barberá “no son escindibles de las del resto de imputados”, por lo que deben ser investigadas y juzgadas por un mismo órgano jurídico, en este caso el Tsjcv.

“En los casos de conexión delictiva entre personas con fuero y otras que no ostenten dicho privilegio, cuando no pueda escindirse la causa, sea el Tribunal Especial el que arrastre para sí la competencia”, señala Anticorrupción en base a distintos preceptos legales y a la jurisprudencia del Tribunal Supremo.

INDICIOS CONTRA CAMPS Y BARBERÁ

Anticorrupción considera que existen “indicios racionales” contra Camps y Barberá. Señalan en este sentido que en la instrucción del ‘caso Nóos’ hay pruebas que acreditan que tuvieron lugar “varias reuniones” de los responsables del Instituto Nóos con Camps y Barberá “entre finales de 2003 y principios de 2004, cuyo objeto era la presentación a estos últimos del Proyecto Valencia Summit”.

En este sentido destacan los indicios que señalan que una de estas reuniones, que tuvo lugar el 29 de enero de 2004, se habría realizado en el Palacio de la Zarzuela.

“En estas reuniones Francisco Camps y Rita Barberá presuntamente dieron el visto bueno al proyecto que se les presentó, acordando verbalmente con los representantes del Instituto Nóos llevarlo a cabo”, señala la Fiscalía.

El informe asegura que Camps y Barberá aceptaron “en atención básicamente a la posición social que ocupaba Iñaki Urdangarin, y se comprometieron verbalmente a llevarla a cabo financiando con fondos públicos el proyecto por el importe fijado unilateralmente por los responsables del Instituto Nóos”.

Anticorrupción va más allá y sostiene que, “dada la ascendencia que su posición les confería como presidente del Govern y Alcaldesa de Valencia, respectivamente, en el ámbito de los correspondientes organismos públicos que estaban bajo su dependencia, ordenaron que se beneficiase al Instituto Nóos con la adjudicación del proyecto y su financiación pública”.

CUATRO MILLONES DE EUROS

El informe subraya en este sentido que el Instituto Nóos comenzó a trabajar en la organización del evento “meses antes de la firma del Convenio de Colaboración”.

Urdangarin y Torres consiguieron en Valencia más de cuatro millones de euros por las tres ediciones del Valencia Summit, celebradas entre 2004 y 2006 y presentadas como una cumbre internacional de expertos en la gestión de acontecimientos deportivos. Además, y también en Valencia, consiguieron 382.204 euros por la creación de unos Juegos Europeos en Valencia que nunca llegaron a celebrarse.

El juez Castro decidió el pasado 31 de mayo enviar al Tsjcv los indicios hallados contra el expresidente de la Generalitat y la alcaldesa de Valencia tras concluir que “adjudicaron a dedo” los contratos que firmaron con el duque de Palma y su antiguo socio.

El juez considera que en la causa hay “indicios racionales” de que Camps y Barberá cometieron delitos de prevaricación, malversación de fondos públicos, fraude a la administración y falsedad en documento oficial.