La imposición de estas fianzas de responsabilidad civil tiene por objetivo que los directivos imputados puedan devolver el dinero presuntamente defraudado en caso de ser condenados. Los directivos y las sociedades tienen un plazo de diez días para prestar las fianzas, según señala Ruz en el auto hecho público hoy. De lo contrario, se procederá al embargo de sus bienes.

Los otros nueve directivos y consejeros a los que se ha impuesta una fianza civil son Alfonso Paz-Andrade (125.069.753 euros), José Antonio Pérez-Nievas (54.798.491), Pablo Javier Fernández Andrade (69.415.260), Fernando Fernández de Sousa-Faro (69.415.260), Robert Albert Williams (69.415.260), Jesús García García (69.415.260), Joaquín Viña Tamargo (69.415.260), Antonio Taboas Moure (69.415.260) y Alfredo López Uroz (69.415.260).

Además de los directivos, Ruz ha impuesto fianzas civiles a las diferentes sociedades del grupo. En este apartado, el juez reclamaba a Pescanova S.A. un total de 54.840.678 euros, y 69.415.260 euros cada uno a Inverpesca, Sociedad Gallega de Importación de Carbones, Sociedad Anónima de Desarrollo y Control, ICS Holding Limited e Inverlema.

FALSEAMIENTO DE CUENTAS

Fernández de Sousa-Faro y los demás directivos de Pescanova están imputados en la Audiencia Nacional por haber presuntamente falseado las cuentas de la entidad para ocultar sus dificultades económicas y poder atraer así a los inversores.

Se les atribuyen delitos de falseamiento de información económica-financiera, falseamiento de cuentas anuales, uso de información relevante, estafa y falsedad en documento mercantil.

El magistrado, además de por ocultar la quiebra de la empresa, acusa entre otros a Fernández de Sousa-Faro y a Paz-Andrade de haber vendido sus acciones antes de anunciar públicamente el pasado 28 de febrero los problemas financieros de Pescanova, que tuvo finalmente que recurrir al concurso de acreedores. Estas prácticas acarrearon cuantiosas pérdidas económicas a centenares de accionistas.