En un comunicado, SEO/BirdLife considera que "no es el momento" de aprobar una norma de este tipo, ya que la Unión Europea está trabajando en una nueva Directiva de Impacto Ambiental y "no tiene sentido" una modificación previa de la legislación nacional. Además, añade, el modelo propuesto en la nueva ley no se está utilizando en ningún Estado europeo.

Esta organización señala igualmente que en la elaboración de dicha norma no ha existido una correcta participación pública, no teniéndose en cuenta a comunidades autónomas, promotores, consultores, etc.

SEO/BirdLife indica que la nueva ley "no resuelve los problemas actuales del procedimiento de impacto ambiental" y asegura que realizará un análisis exhaustivo de la norma, trasladándolo a los diferentes partidos políticos para intentar conseguir su mejora antes de su aprobación definitiva.

Por su parte, Ecologistas en Acción señala que la nueva ley supone una reducción en la calidad de las evaluaciones ambientales y favorece la mercantilización de la biodiversidad, al tiempo que teme que los bancos de conservación, incluidos en la reforma, permitan "una especie de monopoly de la naturaleza, un mercado financiero de activos medioambientales".

En una nota de prensa, Ecologistas en Acción advierte de que esta norma da varios pasos atrás en materia de prevención ambiental, no soluciona los problemas de evaluación ambiental presentes en la ley aun en vigor y "no mejora la calidad de los actualmente insuficientes informes de impacto ambiental".

Además, subraya que el recorte de plazos afectará a la calidad de las evaluaciones ambientales y a las posibilidades de participación pública, mermándose el carácter objetivo y determinante de la evaluación de proyectos.