En ella, el Ejecutivo rinde "homenaje a las víctimas, los defensores de los derechos humanos, las organizaciones no gubernamentales y otras personas y grupos que trabajan para denunciar los casos de desaparición forzada y erradicar esta práctica".

Asimismo, se declara que el Gobierno de España "sigue trabajando en todos los ámbitos en la prevención y la lucha contra las desapariciones forzadas, de manera que todas las personas puedan ejercer plenamente sus derechos y disfrutar así de una ciudadanía democrática verdadera y completa".

"Ello se enmarca, además, en la promoción y el respeto de los derechos humanos y lucha por erradicar de la sociedad toda violación a los derechos humanos y, muy específicamente, las desapariciones forzadas, que constituyen una absoluta prioridad del Gobierno de España", agrega el Gobierno.

El 18 de diciembre de 1992, la Asamblea General de Naciones Unidas aprobó la Declaración de las Naciones Unidas sobre la Protección de todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, del que ahora se cumple su el 20 aniversario. Dicho instrumento fue completado por la Convención Internacional para la Protección de todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, aprobada por la citada Asamblea General el 20 de diciembre de 2006, y que entró en vigor el 23 de diciembre de 2010. España, que fue uno de los primeros países de Europa en ratificarla, viene promoviendo e instando su ratificación por otros países.

La Resolución 65/209, de 21 de diciembre de 2010, de la Asamblea General de las Naciones Unidas, expresó su preocupación por el aumento de las desapariciones forzadas o involuntarias en diversas regiones del mundo e, igualmente, decidió declarar el 30 de agosto como Día Internacional de las Víctimas de las Desapariciones Forzadas, que se celebró por primera vez en 2011. Con ello se trata de poner de relieve estos crímenes y de no olvidar a todas las personas que son víctimas de desapariciones forzadas.