La formación liderada por Rosa Díez quiere, en concreto, que el Ministerio de Hacienda y la Agencia Tributaria le aclaren si estaban informadas del pago de esa indemnización extra y si “las retenciones aplicadas a dicho cese fueron las pertinentes según lo estipulado legalmente”.

En caso contrario, exige saber si “piensa dar el Gobierno instrucciones a la Inspección de Hacienda para que investigue los hechos ante la evidencia de notorias ilegalidades”.

En la misma línea, UPyD quiere que el Ejecutivo se pronuncie sobre si es “recomendable y ejemplarizante que se paguen indemnizaciones, con fondos públicos, de 186 días por año trabajado, después de reducir drásticamente las indemnizaciones por despido en la reforma laboral”.

Cristobal Páez, que ocupó la gerencia del partido tras la salida de Bárcenas, fue indemnizado con 350.500 euros de más cuando fue despedido a petición de su predecesor encarcelado.

Esa suma se añadió a los 111.500 euros de indemnización que le correspondían legalmente. El pasado día 13, Páez admitió ante el juez Pablo Ruz en la Audiencia Nacional que había recibido dos pagos en negro que figuran en la supuesta contabilidad B del partido y que Bárcenas le pidió en el 2009 que escondiera esas hojas contables porque temía un registro.

Según las informaciones aparecidas en el diario El Mundo, la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, habría custoriado la caja B y sería la responsable última de pagar la indemnización aumentada a Páez , cuya cabeza, por "traidor", había exigido Bárcenas a Rajoy.

Para UPyD lo más destacable del caso es que el PP pagara una indemnización de 186 días por año trabajado a un empleado despedido cuando más del 90% de su financiación “oficial” proviene de subvenciones públicas.

Recuerda, además, que la propia secretaria general de partido, María Dolores de Cospedal, declaró el día 13 de agosto ante el juez que el gerente “no fue formalmente despedido, sino que se trató de una extinción laboral” convenida con Cristóbal Páez, que incluía dos anualidades completas de su salario, además de la indemnización pertinente por el despido improcedente.

Según la documentación del procedimiento judicial, en el año 2010 Cristóbal Páez habría cobrado en total 560.082,74 euros entre su salario, indemnización por despido improcedente y las dos anualidades de salario completas. Siendo retenidos algo más de 116.000 euros en concepto de IRPF.

Sin embargo, las exenciones por despido según lo estipulado en la ley que regula el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas no contemplan las “extinciones laborales convenidas” o resoluciones de común acuerdo exentas de tributación, como habría sucedido según las declaraciones de la Secretaria General Popular.

Las diferencias de tributación en este supuesto son “apreciables”, según destaca UpyD, puesto que esas retribuciones de más de 560.000 euros sólo sufrieron una retención del 20% que no se ajusta a la legalidad por tratarse de un despido acordado cuya retención debería haber sido del 40%.

Además, destaca esta formación la "indemnización complementaria" de 350.000 euros se genera cuando se acuerda, no a lo largo de los cinco años en que Páez estuvo de tesorero, por lo que no se debería reducir la retención.

Ambas cuestiones, dice UPyD, implican que se han dejado de ingresar a las arcas públicas aproximadamente 96.000 euros, lo que resulta “escandaloso” al ser el partido que gobierna en España “el infractor”.