En un comunicado, Reyna ha concretado que esta modificación tiene que servir para que “en ningún caso se obligue a la existencia de sociedades mercantiles” para realizar determinadas actividades como puede ser el acceso a la contratación pública.

Además, ha señalado que la futura ley es “un buen paso para conseguir la homogeneidad y la no discriminación entre empresas en todo el ámbito nacional”.

Si bien la organización de autónomos considera “positivo” tanto el texto en sí como “la intención” del mismo, considera además que el proceso para impugnar “las diversas nomas que pudieran ser contrarias a la futura ley es “demasiado lento y dificultoso”.

En este sentido, Reyna ha apuntado a que “se podrían articular sistemas más ejecutivos, como el que ahora se anuncia en la próxima Ley de Tratados en el Exterior” que permite a la Administración anular preventivamente diversas normativas hasta la sentencia definitiva de los tribunales.