Según las estimaciones de la Asociación de Usuarios de Bancos, Cajas y Seguros (Adicae), que impulsó la demanda agrupada que dio lugar a la sentencia, la cantidad supera los 225.000 euros. A algunos de los afectados la entidad deberá devolver más de 30.000 euros, agregaron.

Estas cantidades “demuestra el perjuicio económico que esta cláusula abusiva puede llegar a tener para cientos de miles de familias”, destacaron desde Adicae.

En la sentencia se recoge que Unicaja se oponía a la demanda alegando que la cláusula “no constituye una condición general de la contratación que pueda ser considerada abusiva afirmando que fue individualmente negociada con cada uno de los actores prestatarios, resultando libremente pactadas”.

La cláusula a la que se refiere la sentencia se encuentra inserta en los distintos contratos de préstamo con garantía hipotecaria a interés variable otorgados por las partes en escritura pública, en distintas fechas comprendidas entre 2005 y 2011.

Para la jueza “nos encontramos ante una cláusula que aparece integrada en una pluralidad de contratos, elaborada, con carácter general, de manera unilateral y previa por la entidad bancaria en la normalidad de los casos, resultando ser la excepción su variación y negociación particular”.