Concretamente, los mencionados grupos parlamentarios han acordado que la futura norma reconozca el derecho a la objeción de conciencia a los profesionales sanitarios implicados directamente en la interrupción de un embarazo, es decir, el cirujano y el enfermero.

Estos profesionales deberán presentar su objeción por escrito y de forma individual, con el fin de evitar las "objeciones colectivas" de todo un hospital y de asegurar la práctica de abortos en los centros públicos.

"Los objetores no tenemos ningún problema en manifestar que queremos defender la vida de nuestros pacientes, pero que obliguen a crear unas listas de objetores supone crear dos tipos de profesionales", declararon Sonsoles Alonso y Carmen Sabadell, portavoces de Ginecólogos DAV, una plataforma con casi 200 profesionales.

El mismo grupo de opinión criticó también "la radicalización" del proyecto legislativo, en materia de dispensa gratuita de anticonceptivos, ya que según lo pactado por PSOE y ERC-IU-ICV los de última generación quedarán financiados total o parcialmente por la sanidad pública.

"La píldora del día después o el DIU no son sólo anticonceptivos, también pueden ser antiimplantatorios y, por lo tanto, abortivos, según el momento en el que se administren", advirtieron Alonso y Sabadell, que rechazaron la financiación de esta forma de aborto químico "con cargo al bolsillo del contribuyente".

Ginecólogos DAV vio también "signos de radicalización" del proyecto en la supresión de uno de los dos informes preceptivos en los abortos producidos entre las 14 y las 22 semanas de gestación y en el hecho de que los alumnos de Medicina y Enfermería estudien cómo se interrumpe un embarazo.