El proyecto de ley, que se enmarca dentro del Plan de Intgración para Discapacitados, obliga además a que las viviendas tengan adaptado su interior y podrán ser solicitadas bien por personas con movilidad reducida o por entidades públicas o privadas para dedicarlas a residencias.

El objetivo de esta ley es garantizar la accesibilidad y la utilización de los edificios publicos o privados, así como promover medidas técnicas para mejorar la calidad de vida de las personas con limitaciones, según el consejero de Bienestar Social de la Junta de Extremadura, Guilermo Fernández Vara.

En Extremadura hay unas 18.800 personas que sufren deficiencias físicas, cerca de 11.800 con deficiencias sensoriales y unas 860 con deficiencias mixtas, según datos facilitados por la Junta de Extremadura a Servimedia.

Además, en el anteproyecto de ley también se prevé la creación de un fondo destinado a subvencionar la supresión de las barreras arquitectónicas y para ayudas técnicas en los planes que realicen los ayuntamientos en los espacios urbanos, edificios públicos y tansportes.