Según la Oficina del Defensor del Soldado (ODS), "Defensa se ha aprovechado del desconocimiento general para presentar como algo nuevo aquello que sólo puede ser presentado como antiguo".

Las Reales Ordenanzas de las Fuerzas Armadas, el Código Penal, el Reglamento de la Ley del Servicio Militar y la Constitución recopilan la mayor parte de ellos, a juicio de la ODS.

Estas supuestas innovaciones que figuran en el anteproyecto de ley, que será ebatido por el Parlamento el próximo otoño, afectan a la dignidad de la persona, su capacidad para obrar, la gratuidad de los desplazamientos por reconocimientos médicos y las pernoctas.

También se refieren a la no obligatoriedad de vestir de uniforme fuera de los acuartelamientos, a la formación deportiva, a la regulación de actividades complementarias, al derecho a recibir una manutención adecuada, a los alojamientos y a la neutralidad política.

Otros artículos que, según la ODS, están repetido son los relativos a la no discriminación, a la libertad ideológica y religiosa, al derecho a no declarar, a la intimidad personal, a la libertad de circulación y de expresión y a los derechos de reunión, asociación y sufragio.

REGLAMENTOS ANTERIORES

La asistencia sanitaria, la regulación de pensiones e indemnizaciones, la reserva del puesto de trabajo mientras se realiza el servicio militar o la posibilidad de interponer recursos, de dirigirse al Defensor del Pueblo y de realizar la "mili" en el exranjero, todos ellos puntos incorporados al anteproyecto, están asimismo regulados.

En la presentación del proyecto, Defensa señaló que perfeccionaba reglamentos anteriores y apuntó que su principal objetivo era alcanzar un volumen de efectivos que oscile entre los 170.000 y los 190.000 hombres, de los que un 50 por ciento serán profesionales.

Para el ministerio, este nuevo diseño permite compatibilizar las exigencias de la operatividad de los ejércitos con la posibilidad de que todos los jóvenesmanifiesten sus preferencias, aunque dentro del modelo del recluta universal.

En opinión de la ODS, lo más grave es que la ley prevé una serie de privilegios para el acceso a la Administración a aquellos que acrediten haber cumplido el servicio militar o la prestación social sustitutoria, así como a quienes presenten el certificado de exención de ambas obligaciones.

A su juicio, puede darse el caso de que una persona que haya cumplido su pena por insumisión o deserción, y que por tanto tenga saldda su deuda con la Justicia, "esté condenado a no poder acceder a un trabajo como funcionario".

La Oficina del Defensor del Soldado anunció la pasada semana su intención de recurrir la nueva ley ante el Tribunal Constitucional si la redacción del anteproyecto no es modificada de forma sustancial por el Consejo de Ministros o por el Parlamento.