En una carta remitida a la subsecretaria del ministerio, Mª Jesús Fraile, el presidente del Cermi, Luis Cayo, ha planteado que este departamento ministerial se convierta en el referente de la Administración General del Estado en materia de contratación pública socialmente responsable desde la perspectiva de las personas con discapacidad.

Según indicó la organización, la legislación de contracción del sector público permite a los órganos administrativos contratantes establecer medidas que favorezcan a las empresas que tengan empleados a trabajadores con discapacidad, con el objetivo de ayudar a la inclusión social de este grupo de población.

Además, la normativa dispone que las administraciones exijan requisitos y parámetros de accesibilidad en sus nuevas adquisiciones, de forma que todo el material (sistemas informáticos, tecnologías, etc) que se compre o adquiera sea accesible para personas con discapacidad.

Para el Cermi, el ministerio responsable de las políticas de discapacidad debe ser modelo para el resto de administraciones y debe adoptar una política responsable de compras públicas, que sirva de ejemplo a los demás poderes.