En una declaración de casi dos horas y media, la secretaria general del PP respondió en la línea establecida ayer por los ex secretarios generales del partido Francisco Álvarez Cascos y Javier Arenas, que también negaron la financiación ilegal, el pago de sobresueldos y la existencia de una contabilidad B en el Partido Popular.

Respecto a los supuestos sobresueldos que habría cobrado, según afirmó el extesorero en su declaración del 15 de julio, Cospedal lo negó rotundamente. En concreto, el extesorero aseguró ante el juez haber realizado dos pagos de 45.000 euros tanto a ella como al presidente Mariano Rajoy, en 2009 y 2010.

Según fuentes jurídicas, Cospedal también reconoció la falta de control de las donaciones al partido, lo que supondría un incumplimiento de sus funciones de secretaria general de acuerdo a los estatutos del PP, que señalan que la persona que ejerce este cargo tiene la competencia en última instancia sobre el control de las donaciones y demás ingresos.

En relación con los donativos, también declaró que su control correspondía a la tesorería, en consonancia con lo que afirmaron ayer tanto Cascos como Arenas.

Lo que si manifestó, según las acusaciones, es que le “extrañaría” la existencia de un registro de DNI de los donantes, una cuestión sobre la que se pronunció en su declaración de ayer el empleado de caja Antonio Ortiz, negando que se realizaron estos registros como establece la ley.

Las fuentes jurídicas informaron, además, de que Cospedal negó la existencia de una comisión de infraestructuras encargada de asignar contratas a supuestos empresarios donantes, en contra de lo que habría afirmado ayer Cascos. Esta comisión también es reconocida por Bárcenas en su declaración y por el empresario catalán imputado en el caso Antonio Vilela.

Respecto a las condiciones pactadas para la salida del PP de Luis Bárcenas, Cospedal afirmó que no intervino en ninguna reunión donde se tratara este tema ni tuvo nada que ver sobre las condiciones de salida del extesorero. Según varias acusaciones, la secretaria general del partido afirmó que se entero a posteriori del acuerdo sobre el finiquito de Bárcenas y que entiende que las condiciones fueron acordadas por Rajoy y Arenas.

Según fuentes judiciales, el magistrado Ruz le preguntó sobre el relato de Bárcenas donde se afirma que ella conocía la existencia de un cobro de 200.000 euros en 2007 a cambio de una adjudicación en el Ayuntamiento de Toledo. Al respecto Cospedal, negó rotundamente que tuviera nada que ver con estos hechos.

Tras intentar las acusaciones profundizar en este tema, el juez recordó que este asunto se encuentra bajo una investigación judicial donde se encuentran implicadas personas aforadas, como es el caso de Vicente Tirado, presidente de las Cortes de Castilla La-Mancha. Por lo tanto, Ruz indicó que no se delimite la cuestión a investigar y si es competencia de la Audienca no se procedera a continuar con este proceso.

Durante la declaración, el juez Pablo Ruz solicitó a todos los abogados que entregaran los móviles y dispositivos portátiles para garantizar que no se realiza ninguna filtración desde el interior de la sala donde se realizan la declaracione, como ocurrió en la última comparecencia del extesorero del PP Luis Bárcenas, y asegurar así el transcurso adecuado de la comparencencia sin interrupciones.