El informe, que fue avalado por la Asociación Española de Ecología Terrestre (AEET), asegura que el objetivo de esta ley es “contentar a propietarios cuyas concesiones caducan el 2018”, ya que afirma que que prevé el aumento de las concesiones del suelo público, pasando de 30 años (que cumplían en 2018) a 75, lo que significa, dice Zarazaga, que “serán los contribuyentes los que tendrán que asumir las consecuencias de estas concesiones”.

El informe indica que es un coste “muy difícil de cuantificar, puesto que la ley no adjunta memoria económica ni informe de viabilidad”. En este sentido, la abogada se pregunta “cómo piensa pagar el Estado, o las respectivas comunidades autónomas, todas las modificaciones previstas, cuando los presupuestos en costas se han reducido un 60%”.

Asimismo, alerta sobre la vulneración de diferentes directivas europeas y legislaciones autonómicas a la hora de redactar la ley y denuncia que el texto “atenta contra la igualdad de los españoles” porque entiende que beneficia a algunos sectores y cita a salineras, cultivos marinos y el sector turístico.

Para la abogada ambiental, que participó en la redacción del informe Auken 2009 en el Parlamento Europeo, la nueva ley hace “caso omiso” tanto a este informe, como al informe de 2012 de la Agencia Estatal de Evaluación de Políticas Públicas (Aeval).