El texto, que será remitido al Parlamento para su aprobación definitiva, ha sido elaborado por las consejerías de Agricultura y Pesca y Medio Ambiente.

La futura ley integrará las distintas normativas autonómicas que regulan los usos y aprovechamientos desde perspectivas sectoriales (agraria, forestal y ambiental) para hacerlas totalmente compatibles, de acuerdo con un modelo de gestión única. Con ello se simplificarán unos procedimientos administrativos ahora fragmentados y se facilitará la relación de los titulares de las explotaciones con la Administración.

En la misma línea, se introduce como novedad destacada la creación de servicios específicos de asistencia técnica a la dehesa.

Entre otros instrumentos de protección, gestión y promoción, el proyecto establece la elaboración de un plan director de ámbito general, con una vigencia de 20 años y revisiones intermedias cada cinco. Este documento incluirá un diagnóstico y un análisis de nuevas posibilidades de uso que mejoren la rentabilidad de las producciones de las dehesas, así como medidas para hacer frente a sus principales amenazas (el decaimiento de su arbolado y la crisis de los mercados ganaderos, entre otros) y para revalorizar la singularidad ambiental, social y cultural de estos territorios.

A este marco general se ajustarán los denominados planes de gestión integral que podrán desarrollar los titulares de las explotaciones. Estas iniciativas tendrán carácter voluntario, si bien su realización se considerará como criterio prioritario en el acceso a las ayudas públicas, tanto agrarias como ambientales. Con una duración de cinco años prorrogables, su aprobación supondrá la autorización efectiva de todos los aprovechamientos y trabajos forestales, agrícolas y ganaderos que durante ese periodo se lleven a cabo en la dehesa.

Junto con las explotaciones que tengan planes de gestión, la ley también concederá prioridad a las dehesas ubicadas en espacios naturales protegidos y a aquellas que incorporen producciones integradas o de ganadería ecológica.