Este dato consta en el informe de CEAR "Situación de los Centros de Internamiento para Extranjeros en España", presentado en rueda de prensa por el director del estudio, el psiquiatra Pau Pérez Sales, y el secretario general de CEAR, Alfredo Abad.

El informe, realizado a partir de 100 entrevistas a inmigrantes retenidos en los citados CIE y a 25 funcionarios, recoge entre las declaraciones de internos una denuncia sobre una "paliza" en la lavandería del CIE de Madrid, otras sobre la prohibición de ir a los servicios de madrugada, otra de una persona que asegura que en 30 días no se le facilitó una muda para cambiarse de calzoncillos o la de los que afirman que ni siquiera se les dan sábanas para sus camas.

Pero "lo más lamentable", según Pau Pérez, "es la indefensión jurídica" de estas personas. El 60% de los entrevistados no conoce a su abogado y la mayor parte no tiene comunicación con el exterior. "Nadie les puede llamar, ni siquiera el abogado", dijo.

Pérez comentó además que un 2% de los encuestados manifestaron "una intención clara de suicidio". Subrayó que el motivo principal para que se planteen llevar a cabo esta acción son los malos tratos y torturas a las que son sometidos, como puñetazos y patadas.

ADOPCIÓN DE MEDIDAS

"Los CIE repugnan al Estado de derecho y hay que tomar medidas, y hay medidas que se pueden tomar, principalmente vinculadas al maltrato y la tortura", concluyó.

Por su parte, Abad comentó que en los citados CIE existen celdas de aislamiento y coincidió con Pérez Salas en la existencia de torturas y malos tratos.

Abad dijo que la gran mayoría de los retenidos en estos centros son personas que ya han estado inmersas en procesos de integración en España, con una estancia, en muchos casos regular, superior a los cuatro años.

El informe señala que el 20% de los inmigrantes de estos centros proceden de África y llegaron a España después de un viaje de cuatro años, otro 20% son africanos que llevan viviendo en España más de cuatro años, principalmente de Sierra Leona; un 40% de Latinoamericanos, con más de cinco años de estancia en España, y el 20% restante procedente de países del Este de Europa y de Asia.

Alfredo Abad dijo que el objetivo de este informe es que se tomen medidas y que cambien la situación de estas personas, "no sólo por una cuestión de justicia, sino de derechos humanos".

Abad destacó que la Ley de Extranjería aprobada recientemente permite la entrada de las ONG a los CIE, una cuestión que, según dijo, "es fundamental para denunciar la situaciones y condiciones de vida de estas personas", aunque consideró que ampliar la estancia de los retenidos hasta un máximo de 60 días "no mejorará sus condiciones de vida".