En una entrevista en Onda Cero, explicó que el embajador británico le hizo llegar una nota de quejas por los controles en la verja, pero defendió ante él que son una obligación de España ante los demás socios de la Unión Europea por los "tráficos ilícitos" en la zona.

"Ante una serie de actuaciones unilaterales que están teniendo lugar por parte de las autoridades de Gibraltar, el Gobierno ha decidido poner en práctica unas medidas de aplicación estricta de la ley", aseguró.

Esos controles, apuntó, son "el pequeño precio que hay que pagar para conseguir que las autoridades gibraltareñas vuelvan al diálogo que siempre hemos tenido", ya que España lleva año y medio esperando una conversación sobre pesca y medio ambiente.

Junto a esos controles, reconoció que otras medidas "se están evaluando" aunque son complicadas porque afectan a los intereses "de muchos colectivos", entre ellas "de tráfico aéreo, marítimo y de modificación de la ley del juego".

En todo caso, aseveró, "a partir de ahora se va a cumplir con rigor y firmeza la normativa en Gibraltar y se introducirán en la propia legislación española las modificaciones que procedan para la situación".

Gonzalo de Benito subrayó que los controles, en aplicación de la legislación europea, deben ser "aleatorios, proporcionados y no discriminatorios", y es "normal" que la Unión Europea quiera comprobar que es así.