“Se afectaría así a cuestiones fundamentales para la sociedad, como son la calidad y carácter público de la arquitectura, el espacio urbano, el patrimonio construido, las ciudades y, en último término, hasta la seguridad para el uso de las edificaciones”, indican los arquitectos en una nota.

Además, a su juicio, en el proyecto se ignoran las funciones de control y garantía pública que realizan los colegios de arquitectos y que, sin coste para el Estado, son posibles desde la colegiación de todos los arquitectos, y expresa el desconocimiento respecto de la singularidad y la excelencia del modelo español.

“Este anteproyecto de ley llega en el momento más delicado no sólo para la arquitectura sino para la actividad de las profesiones en general, restando seguridad para los usuarios, en vez de sumar la pretendida competitividad”, afirma.

“Como representación de un importante colectivo y garante ante la sociedad de la defensa de los intereses públicos en lo que a la profesión de arquitecto corresponde, debemos transmitir la trascendencia del despropósito que se persigue con un anteproyecto de ley que, aun pretendiendo una regulación necesaria en el ámbito de las corporaciones profesionales y respondiendo, en ese aspecto, a los mismos objetivos que otros avances legislativos en países de nuestro entorno, sin embargo no satisface demanda alguna”, remacha el Consejo Superior de los Colegios de Arquitectos de España.