Preguntada en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Ministros, recordó que los mecanismos de recusación están legalmente previstos y desarrollados y el Gobierno nada tiene que decir sobre ello.

Es el propio Tribunal, explicó, el que decide sobre las peticiones de recusación, sobre la premisa de que, al requerirse quince años de experiencia para ser magistrado, todos ellos llegan con una “dilatada” trayectoria.

Eso ocurre, enfatizó, con todos los magistrados del Constitucional, todos tienen una “vida anterior”, por lo que todos ellos son susceptibles de ser recusados y la petición puede ser o no aceptada.

Lo que en cada caso decida el Tribunal con arreglo a las leyes y los procedimientos establecidos, será lo que respete el Gobierno, subrayó la vicepresidenta.