En la resolución dada a conocer este miércoles, se afirma que el cobro de dietas o dádivas no viene dado por “su condición de Presidenta del Gobierno Foral de Navarra o Alcaldesa, sino por su pertenencia a la Junta de Entidades Fundadoras”.

Según el Supremo, el pago de las dietas en la CAN se realizaba por parte de la presidencia del organismo y su objeto eran una “sesiones de reporte”, donde se informaba a los miembros del estado de la caja de ahorros.

El tribunal destaca, además, que “las cantidades” recibidas por Bárcina ya han sido devueltas. Además, se argumenta en la sentencia que no se puede hablar de cohecho impropio ya que “no concurren todos los elementos de la tipicidad delictiva lo que impide la consideración de hecho delictivo”.

No obstante, el Supremo reconoce que el pago de las dietas recibidas como dádivas “plantea dudas”, porque dicha dieta se entrega a la presidente de Navarra por la realización de un actividad determinada dentro de una “ocupación temporal”.

EN LA LÍNEA DE LA FISCALÍA

Para finalizar, el Alto Tribunal determina que “la dieta era generada por la asistencia a unas sesiones de reporte que eran convocadas por el Presidente de la Junta de Entidades Fundadoras, no por la Caja”. Esto supone que no hay ofrecimiento de dádivas por parte de la Caja.

De esta forma, el Supremo considera probado que no pueden considerarse las dietas como una dádiva o regalo entregados sin contraprestación alguna, ni tampoco puede decirse que le fueron entregadas en consideración al cargo público que ostenta la aforada.

La Fiscalía ya pidió el pasado 18 de julio al Supremo que se rechazará la exposición razonada elevada por el juzgado de instrucción número 3 de Pamplona donde se pedía que se imputara a Yolanda Barcina por un delito de cohecho impropio.

El Supremo recibió el pasado 1 de julio la exposición razonada elevada por la instructora del caso, la jueza de Pamplona Mari Paz Benito, donde se acusaba a Barcina de un delito de cohecho impropio.

En esta causa están ya imputados el expresidente del Gobierno Foral Miguel Sanz; el exconsejero de Economía y Hacienda Álvaro Miranda; el exdirector general de Caja Navarra Enrique Goñi; y el actual alcalde de Pamplona, Enrique Maya.

La jueza de Pamplona investiga si todo ellos cobraron de forma presuntamente irregular dietas de un organismo de Caja Navarra -la Comisión Permanente de la Junta de Entidades Fundadoras (JEF)- que no tenía soporte estatutario.