Según informó este martes la Policía, el número de personas dadas de alta en la Seguridad Social de forma ilícita podría superar las 500, de las que hasta el momento se ha comprobado que 180 habrían percibido ilícitamente algún tipo de prestación, y 135 habrían utilizado los contratos falsos que les fueron tramitados para conseguir autorizaciones de residencia.

La investigación policial se inició tras un informe de la Inspección Provincial de Trabajo de Madrid sobre una empresa sospechosa con sede en esta provincia a nombre de un ciudadano marroquí.

A partir de esta documentación, la Policía tuvo conocimiento de la existencia de un entramado empresarial que cobraba a inmigrantes por formalizar contratos irregulares de trabajo y altas falsas en la Seguridad Social que les permitían acceder a subsidios por desempleo y obtener permisos de residencia.