Según indica la Oficina del Defensor del Pueblo en un comunicado, este sector se ha visto perjudicado por la decisión de la Comisión Europea de exigir a España que recupere las ayudas concedidas a los astilleros mediante bonificaciones fiscales entre 2007 y 2011.

La institución pide la intervención del Defensor del Pueblo Europeo, al considerar que la actuación de la Comisaría de la Competencia podría suponer mala administración, así como una infracción de los principios de irretroactividad, seguridad jurídica, protección de la confianza legítima e igualdad.

La defensora hace referencia en su misiva a la diferencia de trato entre la decisión adoptada para Francia, en un caso similar, y la aplicada para España.

Según Becerril, mientras que a Francia sólo se le exigió la devolución de las ayudas a partir del inicio del procedimiento, en el caso español se pretende el reintegro con carácter retroactivo a varios años antes de la apertura del expediente.

Se trata de una medida que, en opinión de la institución, “arruinará al sector, ya que la devolución de dichas ayudas afecta a todo el sector naval español y hace inviable su futuro, en un momento en que la necesidad de empresas y empleos es fundamental para la economía española y por ende para la europea”.

Por último, Becerril subraya el “grave perjuicio a España” que ha causado la inactividad de la Comisión en esta materia durante un periodo tan largo, así como “el tiempo que ha tardado en decidir que tales ayudas no son compatibles con el ordenamiento jurídico comunitario, cuando eran públicas y conocidas”.