Así se especifica en la memoria económica del real decreto-ley, a la que tuvo acceso Servimedia, que previsiblemente será convalidada mañana por el Pleno del Congreso de los Diputados para que pueda ser publicada en el Boletín Oficial del Estado y entre en vigor al día siguiente.

Según la memoria económica, a este monto debe sumarse los 900 millones del coste de los sistemas eléctricos insulares y extrapeninsulares que asumirán los Presupuestos Generales del Estado 2014 y que suponen el 50% del coste de la generación en estos sistemas.

En concreto, los 1.400 millones se desglosan en unos 750 millones, por el nuevo modelo retributivo a las energías renovables, cogeneración y residuos primadas; de unos 421 por las nuevas retribuciones a la distribución y transporte de la energía; de 168,5 millones la reducción de los incentivos a las inversión; de unos 57 millones por el cambio en los beneficiarios del bono social; y de 3 millones por la modificación del impuesto especial al carbón.

La norma, que se compone de un preámbulo, 9 artículos, 5 disposiciones adicionales, 3 disposiciones transitorias, 1 disposición derogatoria, 10 disposiciones finales y 4 anexos, tiene por objeto solucionar los desajustes entre ingresos y costes del sistema eléctrico a partir de 2013.

Respecto al nuevo modelo de regulación del régimen jurídico y económico para las instalaciones de producción de energía eléctrica a partir de fuentes de energía renovables, cogeneración y residuos con retribución primada que modificará el modelo retributivo de las instalaciones existentes, el impacto estimado para los casi seis meses del año 2013 que restan sería de unos 750 millones de euros.

Por su parte, el impacto estimado para los casi seis meses que restan de las nuevas retribuciones a la distribución y el transporte sería de unos 421 millones de euros de los que corresponden 75 millones de euros por el transporte y 346 millones por la distribución.

En la nueva norma se reduce de 26.000 a 10.000 euros/MW/año la cuantía orrespondiente al incentivo a la inversión en capacidad a largo plazo para las instalaciones de producción aunque se amplía el plazo hasta 20 años. Esta medida supondrá unos 168,5 millones de euros para los seis meses que restan de 2013.

Respecto al nuevo reparto del bono social, la memoria económica estima que, partiendo de que ne 2013 el coste ascendió a 231 millones, cada mes de 2013 con la nueva medida se ahorran unos 19 millones. Si bien “considera que el nuevo mecanismo podrá resultar de aplicación en el último trimestre de 2013”, añade.

Por último, el Gobierno considera que tendrá un impacto económico “mínimo” de 3 millones de euros la modificación del impuesto especial del carbón, de 0,15 euros por gigajulio.