El Estatuto catalán otorga las competencias en ámbito de prevención y seguridad en materia de incendios a la Generalitat y a los ayuntamientos catalanes.

La nueva ley regulará las condiciones de seguridad en caso de incendio y da la posibilidad de que existan normas reglamentarias, instrucciones y guías técnicas que ayuden a los agentes a desarrollar correctamente su función.

Otro aspecto importante es la concreción del régimen de intervención administrativa, que define tres fases: la de control preventivo en la fase del proyecto, la de verificación de las condiciones de seguridad antes de la puesta en marcha del establecimiento y la de la inspección posterior.

Entre los objetivos, destacan mejorar las condiciones de seguridad, clarificar los procedimientos a seguir y simplificar la actuación de los agentes que participan en los nuevos proyectos de infraestructuras y actividades e instalaciones en edificios, sean agentes públicos o privados.