Anticorrupción, en cambio, se ha opuesto a que declaren en la causa Francisco Álvarez Cascos y Javier Arenas, antecesores de Cospedal en la Secretaría General del PP, según se recoge en un escrito remitido esta mañana por la Fiscalía al juez Ruz.

El Ministerio Público entiende “procedente” la declaración de Cospedal “en la medida que puede esclarecer y aportar información sobre los hechos objeto de investigación”.

En cambio, con respecto a Casos y Arenas, el informe de la Fiscalía señala que no procede tomarles declaración porque fueron secretarios generales del PP en una fecha “anterior al que delimita el objeto de investigación en la presente pieza separada”.

El fiscal Anticorrupción encargado del caso, Antonio Romeral, ha contestado así a los requerimientos de Ruz, quien el 20 de junio pidió a la Fiscalía que le informase sobre la pertinencia de tomar declaración a Cospedal, Cascos y Arenas. Estas diligencias habían sido solicitadas por las acusaciones –Izquierda Unida, Asociación Libre de Abogados, Ecologistas en Acción, Federación los Verdes y Justicia y Sociedad- personadas en la causa de ‘los papeles de Bárcenas’.

FAJOS DE BILLETES

Las acusaciones consideran que de las declaraciones de testigos e imputados se desprende que existía “una asociación ilícita en el seno del Partido Popular”. Afirman en este sentido que el extesorero Luis Bárcenas y su antecesor, Álvaro Lapuerta, se encargaban de recibir “de los donantes, en mano, los fajos de billetes”. Las cantidades de dinero eran posteriormente ingresadas en la cuenta de donaciones que el PP tenía en el Banco Banesto.

Las acusaciones destacan en este sentido las declaraciones del responsable de Caja del PP, Luis Molero, quien en su declaración ante Ruz el pasado 26 de mayo aseguró que el extesorero le entregaba en varios sobres con dinero en efectivo las donaciones anónimas ya fraccionadas que recibía el partido para que él se encargara de ingresarlas en el banco.

El escrito de las acusaciones hace hincapié en que estas donaciones serían ilegales, ya que se hacían constar como anónimas cuando no lo eran, se fraccionaban para no superar el límite legal y eran muchas veces entregadas por responsables de empresas que contratan con la administración.

DECLARACIÓN DE AZNAR

La Fiscalía también se opone a que Ruz tome declaración como testigo al expresidente del Gobierno, José María Aznar. Este interrogatorio había sido solicitado después de que el exdiputado Jaime Ignacio del Burgo asegurase en su declaración ante Ruz que Aznar autorizó los pagos al exconsejero navarro Calixto Ayesa.

Ruz ya rechazó la semana pasada tomar declaración al expresidente del Gobierno.

El fiscal Romeral se ha opuesto igualmente a que se requiera a la Agencia Tributaria la declaración de de la Renta y del Patrimonio que el presidente del Senado, Pío García-Escudero, presentó en el año 2000. Esta diligencia había sido solicitada después de que el presidente de la Cámara Alta, en su declaración ante Ruz el pasado 20 de mayo, reconociese que entre 1999 y 2003 cobró sobresueldos por un valor de 58.899 euros al año, de los cuales 12.620 eran abonados directamente por el PP como “gastos de representación”. El representante de Anticorrupción asegura que no es pertinente llevar a cabo esta diligencia porque García-Escudero “ya reconoció no haber declarado ni consignado dicho préstamo en las declaraciones referidas manifestando desconocer dicha obligación”.

El Ministerio Público también se opone a que se requiera a la Agencia Tributaria las declaraciones de Renta y Patrimonio realizadas en el año 2003 por el expresidente de Baleares Jaume Matas.

La Fiscalía Anticorrupción, en cambio, ha avalado la práctica de otras diligencias solicitadas por las acusaciones, tales como recabar de OHL, FCC, Rubau, Sacyr y otras empresas donantes del PP diversa documentación contable.