La asociación recuerda que el CGPJ es “el responsable de la prevención de los riesgos laborales de jueces y magistrados” y añade que la Comunidad de Madrid “ostenta la titularidad y competencias de los medios materiales y personales en el ámbito de la administración de la Justicia”. Además, Jueces para la Democracia incluye en su denuncia al Ministerio de Justicia, puesto que “tiene suscrito un acuerdo con CGPJ sobre el sistema de prevención de riesgos laborales y vigilancia de la salud de los miembros de la carrera judicial”.

Esta asociación considera como denunciable los hechos sucedidos el pasado 2 de julio en los Juzgados de lo Social donde falleció, víctima de un infarto, el magistrado Angel Luis del Olmo Torres. La denuncia se basa en la ausencia de material adecuado para una intervención de urgencia al juez, puesto que según el doctor del juzgado “de haber dispuesto de un desfibrilador habría sido posible salvar su vida”. El texto incluye “que con la intervención adecuada en los veinte primeros minutos el porcentaje de supervivencia es de un 80%”.

Jueces para la democracia, además, apunta que los jueces no reciben “ni formación ni información alguna en materia de prevención de riesgos” y que en el caso del fallecido soportaba un alta carga de trabajo. Según la asociación, “el CGPJ se ha negado hasta la fecha a fijar una carga de máxima de trabajo para los jueces y magistrados a efectos de salud laborable”.

Para dicha asociación, estos hechos incumplen “la obligación de integrar la prevención de riesgos laborales en la empresa a través de un plan de prevención”. Además, se acusa a los organismos denunciados de la falta“reconocimientos médicos a sus trabajadores” y el desconocimiento por parte de los empleados de la normativa de prevención de riesgos laborales.