“Todo apunta, para bien del enfermo, a que la supervivencia del penado lleva camino de superar todos los registros conocidos”, señala la Fiscalía de la Audiencia Nacional en el escrito presentado hoy ante el Juzgado de Vigilancia Penitenciaria.

La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional decidió el 12 de septiembre de 2012 dejar en libertad al Bolinaga al concluir que existe “un peligro patente” para su vida.

La Fiscalía considera que las evaluaciones médicas que permitieron la salida de prisión de Bolinaga “no solo no eran acertadas” sino que “han sido cuestionados por los especialistas del Hospital de San Sebastián”.

Según la Fiscalía los informes realizados en agosto de 2012 y julio de 2013 presentan “afirmaciones manifiestamente incongruentes” y presentan “una evidente indefinición en cuanto al pronóstico vital”. Asegura además que los nuevos informes médico-forenses determinan que el etarra “ni era un enfermo en situación terminal, ni se encontraba en riesgo inminente de muerte, ni la estancia en prisión constituía un peligro patente para su vida, ni la excarcelación estaba justificada conforme a la legalidad vigente”.

En lo relativo al índice Karnofsky, que se aplica a los enfermos de cáncer para establecer la esperanza de vida, el informe del Hospital de Donostia de 2012 señala que la mitad de los pacientes fallecen antes de los 9 meses, un informe “realizado antes de que empezara el tratamiento”. La Fiscalía afirma que estas “ambigüedades” les llaman “poderosamente la atención”.

El Ministerio Público señala además que los informes médicos realizado en agosto de 2012 reflejaban en realidad “síntomas debidos a la huelga de hambre y a los efectos secundarios de la radioterapia”.

MEJORÍA DEL CANCER

La conclusión que se deduce del último informe del 3 de julio “ es la mejoría del liberado por el tratamiento que está recibiendo”. Para la Fiscalía “ es evidente” que el tiempo de vida calculado por los médicos antes de su puesta en libertad “ha transcurrido con creces pues desde entonces al día de hoy han pasado 10 meses y 12 días”. Además, “todas las metástasis han disminuido de tamaño en el curso del último año, lo que revela indiscutiblemente una evolución favorable de la enfermedad”.

De esta forma, el Ministerio Público determina que “resulta indiscutible que todos los pronósticos han fallado estrepitosamente y el penado ha respondido favorablemente al tratamiento”. Ante lo expuesto, se pide “ una nueva evaluación de las circunstancias actuales que concurren en el enfermo pues ya ha sido objeto de un tratamiento especifico, y a recalcular la media de supervivencia del penado, para poder comprobar si la situación de peligro patente o riesgo inminente para la vida del penado sigue concurriendo en el momento presente”.

NUEVO INFORME

En definitiva, la Fiscalía solicita que se practique un nuevo informe pericial por la Médico Forense de la Audiencia Nacional Carmen Baena, quien ya examinó a Bolinaga en agosto de 2012, y por los especialistas en la materia del Colegio de Médicos.

El nuevo informe debe basarse en una “evaluación actual del Índice Karnofsky del penado” y “un pronóstico vital” sobre el estado y la evaluación de su enfermedad. También solicita que se determine si es compatible “el tratamiento y seguimiento clínico con la estancia en prisión” y si teniendo en cuenta las circunstancias su estancia en prisión es un riesgo para su vida.

10 MESES EN LIBERTAD

Esta petición de la Fiscalía se produce después de que la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT) comunicara la semana pasada a la Audiencia Nacional que no se fia del informe sobre el estado de Bolinaga realizado por el Hospital de San Sebastian y solicitó un nuevo informe.

La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional decidió el 12 de septiembre de 2012 dejar en libertad al Bolinaga al concluir que existe “un peligro patente” para su vida. Los magistrados, presididos por Fernando Grande-Marlaska, entendieron que, para acceder a la libertad condicional, la legislación no exige un arrepentimiento del preso si no únicamente que exista un “riesgo patente” para su vida.

Para su puesta en libertad, el juez Castro estableció una serie de condiciones para Bolinaga , entre las que destacan que el etarra tiene prohibido acercarse al domicilio o al lugar de trabajo de las víctimas de sus delitos, entre los que se encuentra José Antonio Ortega Lara, y que tampoco puede "participar de forma activa o pasiva en manifestaciones públicas de enaltecimiento o legitimación de la violencia".

El etarra está condenado por el secuestro de Ortega Lara y por el asesinato de tres guardias civiles.