Los lupanares eran regentados por cuatro mujeres que contralaban a las chicas y se encargaban del cobro de servicios con cargo a tarjetas de crédito, aprovechando que los hombres estaban borrachos o suministrándoles otro tipo de sustancias.

A través de un entramado de empresas blanqueaban los beneficios obtenidos con sus actividades ilícitas, dinero que era devuelto en metálico a los explotadores con la mediación de un ciudadano albanés y de su pareja.

La operación, desarrollada en el marco del Plan Policial contra la trata de seres humanos con fines de explotación sexual puesto en marcha por la Policía Nacional, se ha saldado con la detención de 30 personas y la práctica de 27 registros domiciliarios en los que se han intervenido 30 gramos de cocaína, 10 TPV (Terminal punto de venta), 62.096 euros, 1.960 libras esterlinas, 152 dólares americanos y cantidades menores de otras divisas.

VÍCTIMA AGREDIDA

La investigación se inició en septiembre de 2012, una vez que los investigadores constataron el aumento de la prostitución callejera en el lujoso puerto deportivo de Puerto Banús.

Los agentes observaron cómo diariamente, al menos dos furgonetas llegaban a este lugar cargadas con mujeres que, a excepción de la conductora, se bajaban del vehículo para ejercer la prostitución durante toda la noche en las calles de Puerto Banús.

Una vez que contactaban con sus clientes en plena calle o en los diferentes pubs de esta zona, se desplazaban a una serie de viviendas ubicadas muy próximas con el fin de consumar el servicio sexual.

Al final de la noche eran recogidas en las inmediaciones de Puerto Banús y trasladadas a la localidad de Torremolinos, donde al parecer vivían con sus respectivos explotadores, que en ocasiones eran sus propias parejas.

Entre ellos formaban un grupo que se conocía perfectamente, reuniéndose en lugares comunes y realizando actividades de ocio variadas, manteniendo en todo caso un alto nivel de vida, sin que se les conociera ninguna fuente de ingresos legal.

De forma paralela, se recibió una denuncia de una ciudadana búlgara que había sido retenida contra su voluntad y víctima de una violencia extrema por parte de un ciudadano de su misma nacionalidad, tras haberse negado a seguir ejerciendo la prostitución para él.

La mujer relató como fue traficada, fue captada en su país por un ciudadano turco, que la llevó en primer lugar a Alemania para ejercer la prostitución y posteriormente a Torremolinos. Ya en España la vendió al ciudadano búlgaro que la explotaría en Puerto Banús. A esta mujer se le aplicó el protocolo de víctimas de Trata de Seres Humanos, encontrándose en la actualidad bajo protección de una organización especializada en el tratamiento de estas víctimas y su inserción social.

Además de ejercer la prostitución, en muchos casos estas mujeres suministraban a sus clientes sustancias estupefacientes o aprovechaban su alto grado de intoxicación etílica para sustraerles las tarjetas de crédito y realizar importantes cargos fraudulentos tanto en metálico como a través de TPV que había en las viviendas donde ejercían la prostitución.

Las empresas a través de las cuales blanqueban los beneficios de estas actividades ilícitas se dedicaban a la explotación de bares y de un club de alterne en Arcos de la Frontera (Cádiz), negocios con una escasa actividad real y que en ningún caso podrían justificar los cuantiosos ingresos.

Las cuatro viviendas que se utilizaban como clubes estaban controladas por cuatro mujeres, una búlgara, una esapañola y una francesa de 84 años que, además, era propietaria de alguna de las empresas tapadera.