Los sindicatos también acusaron al Gobierno de escudarse en que las competencias en servicios sociales es competencia de los servicios sociales de las autonomías y, por tanto, tienen “privacidad”, para evitar valorar los resultados de la aplicación de la ley. Denunciaron que esto no es posible, dado que una parte del sistema lo financia el Gobierno central a través de transferencias, lo que se denomina el nível máximo de financiación.

Para los sindicatos, esta evaluación significa una pérdida de oportunidad para abordar los verdaderos problemas del Sistema de Dependencia (reducción de presupuesto y protección social), y supone una quiebra de la transparencia en la gestión pública, acceso a la información y buen gobierno.