La organización presentó a los medios de comunicación en rueda de prensa el informe ‘El laberinto de la exclusión sanitaria’, con el que pretende mostrar a la sociedad, a través de ejemplos, que la reforma sanitaria ha puesto fin a la universalidad del derecho a la salud, ya que desde su aprobación las personas migrantes en situación irregular deben pagar para recibir asistencia sanitaria, incluida la primaria.

Amnistía Internacional denunció que este decreto ley ha dejado sin tarjetas sanitarias a 873.000 personas migrantes, impidiendo o dificultando “enormemente” su acceso al sistema sanitario e incluso “poniendo su vida en riesgo”, según afirma.

En este sentido, el trabajo elaborado por la organización desvela que en varios lugares de España, entre ellos las Baleares, se obstaculiza y deniega la asistencia sanitaria a hombres y mujeres migrantes en situación irregular y, según apuntó Amnistía Internacional, “esto se produce no solo como consecuencia directa de la aplicación de la nueva ley, sino también como consecuencia de una serie de errores e irregularidades administrativas que, sin ajustarse a la legislación vigente, podrían estar dejando sin asistencia sanitaria a uno de los colectivos más vulnerables de la sociedad”.

La organización también lamentó que, pese a que España mostró su compromiso con los derechos económicos sociales y culturales siendo el primer país europeo en ratificar el Protocolo Facultativo al Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Pidesc), el Gobierno, con esta medida, no está teniendo en cuenta sus obligaciones internacionales en materia de derecho a la salud “ni está cumpliendo con las diversas recomendaciones de organismos de Naciones Unidas que le han instado a modificar la reforma y a garantizar el acceso a la sanidad para todas las personas sin discriminación”, apuntaron.

“El Gobierno central y las comunidades autónomas, sobre las que pesa igual la obligación de proteger los derechos humanos, deben respetar la obligación internacionalmente contraída de no discriminar a los grupos más vulnerables al restringirles desproporcionadamente su acceso a la atención y a los servicios médicos mediante la imposición de pagos que, en algunos casos, podrían constituir un impedimento para el acceso a esos servicios. El ejemplo de las Islas Baleares es una llamada de alerta al conjunto de las autoridades del Estado español”, agregaron.

RECOMENDACIONES

Por ello, la organización instó al Gobierno de España a cumplir sus obligaciones internacionales en materia de derecho a la salud, pidiendo al Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad que modifique el real decreto, para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud y mejorar la calidad y la seguridad de sus prestaciones a fin de garantizar la asistencia sanitaria a todas las personas que residen en España, con independencia de su situación administrativa.

Asimismo, pidió a las comunidades autónomas que adopten medidas “inmediatas” para garantizar el acceso y disfrute del derecho a la salud de todas las personas que residan en su territorio, con independencia de su situación administrativa.