Los servicios jurídicos de Anpier, según un comunicado de este colectivo, estudian articular los cauces y los elementos necesarios para coordinar "miles de reclamaciones por daños y perjuicios" contra estas instituciones.

Se remontan a la campaña que, desde el año 2006, y con el eslogan “El sol puede ser tuyo”, el IDAE publicitó y promovió para la inversión en energía solar fotovoltaica.

Estas han resultado ser unas inversiones “ruinosas” para 55.000 familias españolas, en la mayoría de los casos pequeños ahorradores agrupados en cooperativas solares ubicadas en entornos rurales, denuncia Anpier.

Este colectivo de productores renovables considera que una reciente sentencia del Tribunal Supremo sobre el caso de una entidad que atrajo a inversores mediante publicidad para desarrollar una una planta de generación fotovoltaica en uno de sus terrenos sienta un “precedente” que, por “guardar una evidente analogía, anima a los productores fotovoltaicos a reclamar los daños derivados de una campaña de publicidad engañosa organizada por el IDAE y el Ministerio de Industria, y cuyos argumentos se ha revelado falaces y gravosos para estas familias que, partiendo de esta información, tomaron la decisión de invertir sus ahorros e hipotecar su bienes para financiar los proyectos que ahora les lleva a la ruina”.

Según Anpier, el Supremo confirma la nulidad de la venta a uno de los clientes, por lo que la empresa promotora deberá reintegrar el precio abonado, 480.000 euros, así como los intereses, porque, según este Tribunal, la información ofrecida antes de la firma era "errónea y equivocada".

Anpier recuerda que la Ley General de Publicidad, Ley 34/1988 de 11 de noviembre de 1988, es “muy clara” y en su artículo 2, define que es publicidad es “toda forma de comunicación realizada por una persona física o jurídica, pública o privada en el ejercicio de una actividad comercial, industrial, artesanal o profesional, con el fin de promover de forma directa o indirecta la contratación de bienes muebles o inmuebles, servicios, derechos y obligaciones”.

Y establece, en el artículo 4, que será “engañosa la publicidad que de cualquier manera, incluida su presentación, induce o pueda inducir a error a sus destinatarios, pudiendo afectar a su comportamiento económico, o perjudicar o ser capaz de perjudicar a un competidor y añade que es también engañosa la publicidad que silencie datos fundamentales de los bienes, actividades o servicios cuando dicha omisión induzca a error de los destinatarios”.

Según Anpier, el IDAE, en aquellos años dirigido por Enrique Jiménez Larrea, es un organismo adscrito al Ministerio de Industria, Energía y Turismo, a través de la Secretaría de Estado de Energía, aseguraba en sus soportes publicitarios que “la inversión tendría una rentabilidad de hasta el 9 % y animaba a un financiar el 80% del coste de la instalación, una inversión que se presentaba, además, como ética y patriótica”.

Así como, que “usted está contribuyendo al desarrollo sostenible de su comunidad, ya que está evitando la emisión de CO2 a la atmosfera” recoge en sus soportes publicitarios.

Por ello, el presidente de Anpier, Miguel Angel Martínez-Aroca, declaró que ésta “es una más de las acciones que ponemos en marcha” para defender “nuestros derechos por todas la vías, en todas las instancias y por cualquier cauce”.

“Más allá de un atropello que amenaza la viabilidad económica de 55.000 familias españolas, el Gobierno quebranta la seguridad jurídica y la confianza legítima, pilares esenciales para cualquier país que quiera ser respetado tanto por sus nacionales, como por la comunidad internacional”, concluye Martínez-Aroca.