La propuesta se debatió en la Comisión para las Políticas Integrales de la Discapacidad del Congreso, donde la diputada socialista Laura Seara, encargada de su defensa, criticó que el Ejecutivo “cuente una verdad a medias” al decir que las personas con discapacidad están exentas del copago farmacéutico, cuando esta realidad, la de la exención, es la excepción y no la regla.

Y es que, recordó Seara, la reforma sanitaria impulsada por el Partido Popular exime de pagar los medicamentos solo a una parte de las personas con discapacidad, que según los datos del pasado mes de abril del Gobierno se concreta en 10.176 beneficiarios, es decir, en un 0,25% del total del colectivo.

Tanto CiU como UPyD dieron su apoyo, “y muy a gusto” en el caso del Grupo Catalán, a la iniciativa, que no contó, sin embargo, con el respaldo de los populares, que aseguraron que el Ejecutivo “no ha olvidado a las personas con discapacidad”.

Arsenio Pacheco, del PP, afirmó, en este sentido, que el Ejecutivo “tiene que hacer viable el sistema” y que, por ello, pagan más los que más tienen. “La sociedad queda escalonada en función de su capacidad contributiva”, aseguró.

MÁS RECHAZOS

Pero la iniciativa que pretendía eximir del copago farmacéutico a las personas con discapacidad no fue la única rechazada por el Grupo Popular, que se opuso así a otras dos: una del PSOE y otra de CiU.

La otra proposición no de ley socialista que el PP votó en contra era un compendio de medidas de apoyo a la salud mental que los populares rechazaron por considerar “una sarta de mentiras y falsedades de un partido que se define como serio”, tal y como declaró en su turno de intervención el diputado del PP Carmelo Romero.

Pese a que PSOE y PP habían pactado transaccionar al menos parte de la iniciativa, finalmente los socialistas no aceptaron el acuerdo, “por el tono y las falsedades vertidas en el debate” por el señor Romero, según dijeron.

Finalmente, la tercera de las proposiciones no de ley rechazadas por la comisión, debido al voto en contra del PP, fue una de CiU que abogaba por “impulsar la actualización del estudio realizado en diciembre de 2009 por la Universidad Carlos III, sobre el agravio comparativo económico que supone el sobreesfuerzo que ocasiona la discapacidad”. En este caso, el Grupo Popular argumentó su oposición al texto catalán diciendo que se sustenta en la idea de que las reformas del Gobierno han perjudicado a las personas con discapacidad, cuando lo que se ha hecho es implementar excepciones y medidas de acción positiva para impedirlo, explicó Irene Garrido.