Uno de los puntos más celebrados por el ministro es el que matiza la propuesta inicial de la Comisión Europea de aplicar una “tasa plana” total en los pagos, para que todos los agricultores, independientemente de su cultivo o su región, recibieran un mismo nivel de ayuda por hectárea.

Los 27 acordaron limitar el porcentaje de convergencia al 60 por ciento del pago medio de una región, y establecieron que ningún agricultor podrá, por ello, sufrir pérdidas superiores al 30 por ciento. De este modo, se felicitó el ministro, se evitará que haya desplazamientos de ayudas entre sectores, agricultores y territorios.

Pero éste no es el único elemento de flexibilización que España reclamaba y que finalmente forma parte del texto pactado por los 27. El acuerdo excluye, además, a los pequeños agricultores, los que reciben menos de 1.250 euros anuales de ayudas de la PAC y representan el 46 por ciento del sector en España, a ajustarse a esta convergencia.

Cañete también celebró que los 27 acordaran que el elemento verde de las ayudas directas —que condicionará en el futuro un 30 por ciento de los subsidios al cumplimiento de prácticas con beneficio medioambiental— se calcule por explotación y no a nivel nacional. La propuesta de Bruselas definía una lista de prácticas respetuosas con el medio ambiente que permitirán recibir esta prima verde, pero los 27 han acordado un trato especial para los cultivos permanentes, como el viñedo y el olivar, que quedarán exentos de estas exigencias adicionales.

LIMITACIÓN DE SUPERFICIE

El ministro también se mostró satisfecho porque el acuerdo recoge la petición española de limitar la superficie susceptible de recibir ayudas europeas. Y es que Cañete temía que, si se incrementaba el número de hectáreas aptas para los subsidios comunitarios tal y como proponía Bruselas, se diluyeran los fondos que iba a recibir cada agricultor. El texto pactado, en cambio, prevé que se mantengan como elegibles unos 22 millones de hectáreas de tierras españolas.

España también luchó para defender un paquete más amplio de medidas de apoyo a la producción de leche, debido a la dificultad del momento por el que pasa el sector, pero no consiguió que sus socios europeos le dieran apoyo.

Los 27, en cambio, sí acordaron frenar la liberalización del viñedo, para evitar que se multipliquen, y mantener el régimen actual de autorización de plantación hasta el 2030.

Además, pactaron prorrogar las cuotas a la producción de azúcar hasta 2017; una fecha que no acepta la Eurocámara, que exige un año más, hasta 2018. Por ello, la situación del azúcar puede convertirse hoy en uno de los principales puntos de desencuentro entre los 27, el Parlamento Europeo y la Comisión Europea, que tienen que consensuar la reforma en base a este nuevo texto.

Si hoy hay acuerdo a tres bandas, las negociaciones de la reforma de la PAC ya podrán darse por zanjadas. Aun así, es muy poco probable que la nueva política agraria pueda ponerse en marcha el año que viene, como estaba previsto en el calendario inicial, y en el mejor de los casos entrará en vigor en 2015.