De hecho, en un comunicado destacó que los efectos de la reducción de recursos percibidos “pueden ser peores” para la igualdad de oportunidades que el establecimiento de un 6,5 como acceso a beca en primero de carrera, idea que tampoco comparte.

“Solo se está hablando de las notas”, apuntó Canae, que alertó de que la nueva estructura de las ayudas dificultará a los alumnos de familias con menos recursos “seguir estudiando aunque obtengan las calificaciones obtenidas”.

A partir del próximo curso, la asignación de la beca se dividirá en una parte fija (que depende de la renta) y en otra variable, recordó Canae, y subrayó que este fijo dependiente de la renta se puede reducir hasta ser “totalmente insuficiente”.

Así por ejemplo, la beca salario pasa de 3.500 a 1.500 euros (el máximo que los dos umbrales más bajos pueden cobrar por motivos de renta). También los estudiantes en los dos umbrales más bajos tendrán derecho a 1.500 euros si deben abandonar su domicilio habitual y estarán exentos de pagar matrícula, algo de lo que disfrutarán los becarios por debajo del tercer, y último, umbral de renta.

La confederación señala que muchos conceptos por los que antes se recibían ayudas (transporte, compra de material y otros) desaparecen y pasan a integrarse en la parte variable de la beca, para cuyo cálculo se tendrán en cuenta la nota del estudiante, su nivel de ingresos, el presupuesto restante y las calificaciones de otros becarios de su misma rama de estudios.

De este modo, el sistema generará “una incertidumbre que muchas familias no podrán asumir”, afirmó Canae. Por ello, exigió al ministro de Educación que, además de “reconsiderar” las notas mínimas de acceso a becas, “rectifique” toda la propuesta.

Canae se felicitó, finalmente, ante el anuncio de Castilla y León y Cataluña, que prometieron financiar con convocatorias propias al alumnado que el nuevo sistema dejaría fuera.