Así consta en la Ley Orgánica Procesal Militar de 1989, revisada en 2003 y consultada por Servimedia, cuyo artículo 185 establece que para registrar dependencias o vehículos militares el juez "deberá preceder aviso a la autoridad o jefe de aquéllos a fin de que preste el debido auxilio".

La ley sólo prevé una excepción: "que el imputado o denunciado sea dicho jefe, en cuyo caso, a los mismos efectos, la comunicación se hará a su superior inmediato, salvo cuando la investigación de los hechos no lo permita". Pero no es éste el caso del coronel jefe del acuartelamiento de Getafe.

Dicho motivo ha supuesto la apertura de un expediente a la titular del Juzgado Togado Militar Territorial número 12, con sede en Madrid, por el Tribunal Militar Central, a quien corresponden las competencias sancionadoras de acuerdo con la Ley de Competencia y Organización de la Jurisdicción Militar, de 1987.

La jueza, que entró en el acuartelamiento para investigar un supuesto caso de corrupción y que, según publicó ayer el diario 'El País', fue retenida en un despacho por un coronel hasta que no le reveló el motivo de su visita, ha solicitado amparo al Consejo General del Poder Judicial.

Izquierda Plural solicitó hoy la comparecencia en el Congreso de los Diputados del ministro de Defensa, Pedro Morenés, para que explique las circunstancias del caso, en tanto que el PSOE registró ayer cuatro preguntas escritas al respecto.

Desde el Ministerio explicaron a Servimedia que el asunto es ya materia judicial y Defensa no puede interferir en el trabajo autónomo de los jueces, ni siguiera su Asesor Jurídico General. No ha abierto, por tanto, ninguna investigación sobre el trato que se le dispensó a la jueza en su inspección del acuartelamiento de Getafe.

Por su parte, un portavoz del Ejército del Aire se limitó a comentar que ofrecerán toda la colaboración que se les requiera para aclarar el supuesto caso de corrupción y las circunstancias de la visita de la jueza al cuartel.