Así consta en las enmiendas al articulado que ha presentado al citado proyecto de ley, que, en la misma línea que lo propuesto por CiU, quiere que sea aplicable a “las entidades privadas que perciban durante el período de un año ayudas o subvenciones públicas en una cuantía superior a 100.000 euros o cuando al menos el 50 por 100 del total de sus ingresos anuales tengan carácter de ayuda o subvención pública, siempre que alcancen, como mínimo, 3000 euros”.

“En su condición de receptores de fondos públicos, se incluye la aplicación de determinadas disposiciones de la Ley a entidades que reciben ayudas o subvenciones públicas en un porcentaje o cuantía significativo”, explica el PP en esta enmienda..

El Grupo Popular quiere que la ley afecte también a los partidos políticos, organizaciones sindicales y organizaciones empresariales, pues, argumenta, “realizan una actividad de relevancia pública que hace conveniente el refuerzo de las medidas de transparencia que les son de aplicación”.

En sus enmiendas, el PP también pide incluir a la Casa Real en la Ley de Transparencia, así como al Congreso de los Diputados, el Senado, el Tribunal Constitucional, el Consejo General del Poder Judicial, el Banco de España, el Consejo de Estado, el Defensor del Pueblo, el Tribunal de Cuentas, el Consejo Económico y Social “y las instituciones autonómicas análogas, en relación con sus actividades sujetas a Derecho Administrativo”.

Se trata de órganos “que realizan una actividad pública de relevancia que hace necesario el refuerzo de la transparencia de su funcionamiento”, explica el Grupo Parlamentario Popular en esta enmienda.

Además, propone aumentar la publicidad activa en lo relativo al sistema de incompatibilidades, ya que todas las resoluciones de autorización de actividades privadas “compatibles” serán públicas, explica el PP. Esta propuesta la extiende también al patrimonio de las Administraciones Públicas, “ya que serán públicas y accesibles todas las relaciones de bienes inmuebles”.

MÁS DE 30 ENMIENDAS

El Grupo Popular, explica el PP en una nota de prensa que adjuntó con las enmiendas, ha presentado “más de una treintena de propuestas de modificación que buscan dar entrada en el texto da todos los compromisos que el Gobierno ha ido asumiendo en el trámite de esta importante Ley”.

El PP afirma que esos compromisos son fruto del doble objetivo del Gobierno y de la mayoría que le apoya para “ensanchar la transparencia” y “conseguir el máximo acuerdo en una Ley que debe ser de todos y que debe contar con las aportaciones de todos”.

También ha presentado un bloque de enmiendas relativas a la creación del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, que, entre otras cosas, velará por el cumplimiento de la propia Ley, iniciando las actuaciones necesarias para tal fin y los procedimientos sancionadores cuando corresponda.

Este Consejo quedará configurado como un órgano independiente, nombrado con el respaldo del Parlamento. El PP propone que “la condición de miembro de la Comisión del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno no exigirá dedicación exclusiva ni dará derecho a remuneración”.