El sondeo revela que el segundo motivo de las deficiencias aparecidas en edificios con problemas sn los materiales empleados para construirlos, un 30 por ciento de los casos, seguido de los defectos en la ejecución de las obras, el 26 por ciento.

También señala que, sin contar la antigüedad como una variable, la mayoría de las lesiones aparecen, en forma de fisuras, en los forjados, un 39 por ciento, y en las vigas, un 38 por ciento.

En cuanto a los remedios para solucionar estos problemas, la encuesta revela que en un 47,3 por ciento de los casos hizo falta una reparación que supuso un desemolso de entre el 10 y el 30 por ciento del coste inicial de la casa, mientras que en un 41,9 por ciento el arreglo costó menos del 10 por ciento.

Un 8,9 por ciento de los edificios sondeados por la muestra tuvieron que sufrir arreglos cuyo coste representó más del 30 por ciento de la inversión inicialmente prevista, mientras que sólo un 1,9 por ciento fueron demolidos.

Entre las medidas introducidas en la legislación para reducir las pérdidas que ocasionan los defectos de construcción, existe un ecreto de 1970 que permite destinar un 1 por ciento del presupuesto global de las obras estatales a la verificación de la calidad, aunque la medida sólo afecta a las promociones públicas.

Para el sector privado, la única normativa existente es la del Código Civil, que hace recaer toda la responsabilidad sobre el contratista de la obra, tanto en los casos de ruina que aparezcan en los diez años siguientes a la finalización como en los que la causa sea el incumplimiento del contrato y aparezcan en los 1 años siguientes.

Sin embargo, los cambios más importantes en los controles de calidad para la construcción se producirán a partir de 1993, ya que existe una directiva comunitaria que obliga a los estados miembros a crear comités permanentes, con capacidad para determinar los requisitos y garantías en la terminación de edificios.

En España ya se han presentado las primeras propuestas para adecuar la legislación a las directivas comunitarias, como es el caso del Consejo General de la Arquitectura écnica de España, cuyos responsables recomiendan fijar una garantía de diez años para la obra principal, dos años para el buen funcionamiento de las instalaciones y un año para los acabados.

Además, los agentes del sector consultados consideran que también el propio mercado impondrá nuevas condiciones en la calidad de las obras.

Entre esas modificaciones destaca el aumento de las responsabilidades y su periodo de duración, lo que obligará a las empresas a realizar controles de calidad y asegurars por mayores cantidades de dinero, al tiempo que las aseguradoras exigirán comprobar los proyectos de los arquitectos antes de ejecutarlos.