Afirmó que esta admisión a trámite "viene a confirmar, una vez más, que este proceso es un escándalo que supone un cambio en el modelo de la sanidad, que dejará de ser pública, universal y gratuita, y que rechazan profundamente tanto los grupos de oposición en la Cámara como profesionales, entidades profesionales e instituciones”.

Explicó que la sanidad es un derecho recogido en la Constitución Española, destacó que “no se pueden privatizar los derechos” y calificó el proceso de “ineficiente y opaco”.

Negó que la privatización suponga un ahorro, “pues sólo se va a beneficiar a empresas privadas mientras que los profesionales trabajarán en peores condiciones”.

Además, anunció que pedirá la comparecencia en la Asamblea de Madrid de los exconsejeros de Sanidad Manuel Lamela y Juan José Güemes, y del actual director general de Hospitales, Antonio Bargueño, todos ellos imputados por posibles delitos de cohecho, coacción, malversación de fondos públicos y prevaricación, entre otros.

Finalmente, denunció que el PP se haya opuesto a habilitar el mes de julio para celebrar sesiones de las comisiones de Sanidad y Vigilancia de las Contrataciones para fiscalizar este proceso de privatización y anunció que IU pedirá la celebración de un Pleno monográfico para conocer la situación de la sanidad en la región.