Fuentes gubernamentales explicaron que la eliminación de los defensores del Pueblo autonómicos es "una de las medidas que se proponen" en el informe de 2.000 folios que ha elaborado la comisión de expertos que han dirigido el subsecretario de Presidencia, Jaime Pérez Renovales, y la subsecretaria de Hacienda, Pilar Platero.

Entre las 217 medidas concretas que a partir de este viernes pretende poner en marcha el Ejecutivo, destaca la supresión del Defensor del Pueblo en las comunidades autónomas para que el Defensor del Pueblo de ámbito nacional asuma sus funciones "con el mismo presupuesto que ahora o con una pequeña mejora de la dotación" económica que tiene en estos momentos.

Además, el informe de la CORA apuesta por eliminar, fusionar o modificar un gran número de organismos públicos para lograr una racionalización de la administración institucional siempre que su existencia no esté plenamente justificada. En caso de duda, sólo se mantendrán si la supresión no conlleva un ahorro presupuestario de manera automática.

CONSEJO DE LA JUVENTUD

En la lista de organismos a racionalizar destaca la supresión del Consejo de la Juventud de España para que sus funciones las asuma el Instituto de la Juventud, ya que el Gobierno entiende que "hay tres organismos haciendo lo mismo" en estos momentos y es necesario que el Gobierno sea el primero en "aplicarse su propia medicina".

Algo parecido sucederá con la Dirección General de Igualdad de Oportunidades, que el Ejecutivo quiere eliminar al entender que las labores que realiza en favor de las mujeres también se desarrollan actualmente en el Instituto de la Mujer. Por eso, este organismo asumirá todo el trabajo en materia de igualdad.

Además, la CORA plantea la fusión en un único organismo de tres entidades autónomas de la Seguridad Social, la supresión de las entidades mancomunidadas de las mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, la desaparición de cuatro consorcios y la supresión de al menos 17 fundaciones dependientes del Estado.

Las fuentes consultadas aseguraron que 78 de las 217 medidas incluidas en el informe de la CORA corresponden exclusivamente al Ejecutivo central, mientras que todas las demás dependerán de la colaboración de las comunidades autónomas y las entidades locales. En cualquiera de los casos, el Ejecutivo destaca que la reforma de la Administración "no afecta a ningún servicio esencial" para los ciudadanos, como la salud o la educación.

"RECOMENDACIONES" A LAS CCAA

El Gobierno de Mariano Rajoy planteará estas medidas en forma de recomendación a las comunidades para que las apliquen y las utilizará como "guía de sugerencias" en el caso de que algún gobierno autonómico no cumpla el objetivo de déficit público para 2013 -que todavía está pendiente de definir- y necesite indicaciones del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas.

El propósito del departamento que dirige Cristóbal Montoro es, por encima de las medidas de racionalización de la Administración, que las comunidades demuestren con cifras reales que están siguiendo la senda fiscal marcada desde la Unión Europea. Valorará las "cifras finales" del presupuesto, con independencia de que suprima o no organismos y elimine duplicidades.

Tras la supresión de todos estos organismos públicos, el Gobierno pondrá en marcha una medida novedosa consistente en elaborar periódicamente un "inventario" de todas las entidades que permanezcan abiertas para verificar que tienen utilidad, que realizan funciones necesarias para los ciudadanos y que tienen un presupuesto acorde a sus tareas. En el caso de que quieran crearse nuevos organismos, tendrá que justificarse previamente.