El recurso presentado por Anticorrupción pide que sean los 18 magistrados de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, reunidos en pleno, los que estudien su petición debido a la “trascendencia” del caso y ante la posibilidad “de que se planteen en el futuro cuestiones de similar contenido en relación con participaciones preferentes emitidas por otras entidades bancarias”.

El Ministerio Público, en concreto, dirige su recurso contra la decisión del juez Andreu de admitir a trámite varias querellas por la venta masiva de preferentes por parte de Bankia y de varias de las cajas de ahorro que formaron la entidad. La última de estas querellas, admitida el pasado 12 de junio, ha llevado a Andreu a investigar por estas prácticas al expresidente de Caja Madrid Miguel Blesa y al antiguo presidente de la CEOE Gerardo Díaz Ferrán.

CÚPULA DE BANKIA

La Fiscalía Anticorrupción asegura en su escrito que cuando se alude a la “comercialización de participaciones preferentes” se está abarcando en realidad “dos tipos de conductas”. “Por una parte, la ideación y comercialización general que de estos productos financieros se realizó desde la cúpula directiva de las entidades emisoras y, por otra, la comercialización individualizada de participaciones preferentes por los empleados de las sucursales”, señala el recurso.

El Ministerio Público asegura que la primera de estas vertientes, la de la planificación de las preferentes por parte de los órganos de dirección de las entidades bancarias y de su utilización para falsear sus cuentas, ya se está investigando en la causa abierta por el propio Andreu contra la antigua cúpula directiva de Bankia, en la que están imputados Rodrigo Rato y otros 32 exconsejeros de la entidad. Anticorrupción señala en este sentido que “es evidente” que la venta de preferentes “suponían una fuente añadida de financiación” para las entidades bancarias.

VENTA EN LAS SUCURSALES

Anticorrupción, en cambio, se niega a que la Audiencia Nacional investigue la venta individualizada de preferentes y la responsabilidad de los directores de las sucursales en esta presunta estafa. El escrito tilda de “improcedente” iniciar “una investigación penal masiva dirigida contra todos los empleados que vendieron dichos productos”.

La Fiscalía explica que los “datos objetivos” de estas prácticas no permiten “el encaje penal de los hechos denunciados” pero asegura que este argumento no supone crear “espacios de impunidad”.

Advierte asimismo que “una investigación general sobre el posible delito de estafa que se ha podido cometer por los distintos empleados de las sucursales” supondría “convertir esta investigación en un paradigma de macro causa ingobernable”.

Anticorrupción ya mostró su oposición a que la Audiencia Nacional admitiera las querellas sobre preferentes.