El Cermi recuerda en una nota que son "numerosos y profundos" los cambios normativos que España ha de acometer en el ámbito de la Justicia para cumplir con la Convención de la ONU, que es “especialmente exigente” en relación con la plenitud civil y de derechos de las personas con discapacidad.

Para el comité, el Gobierno ha de modificar el Código Civil y las leyes procesales civiles para suprimir del ordenamiento la figura de la incapacitación judicial, "incompatible absolutamente con la Convención", y sustituirla por un proceso de apoyo a la toma libre de decisiones por parte de las personas con discapacidad que precisen de este acompañamiento.

También ha de revisar, según el Cermi, la regulación legal de los internamientos forzosos para que, en ningún caso, puedan efectuarse sobre la base de la discapacidad de la persona, ya que suponen "una violación flagrante" de los derechos humanos.

Además, continúa, en la esfera penal el Gobierno ha de desterrar de las leyes criminales la aceptación de la esterilización no consentida de determinadas personas con discapacidad y establecer un sistema de medidas de seguridad en el que la discapacidad no resulte un hecho relevante a ningún efecto negativo para los derechos y la libertad de la persona.

Otra normativa que el Cermi considera que debe modificarse es la legislación de Jurado, que mantiene disposiciones que excluyen a las personas con discapacidad y que, a la luz de la Convención, resultan "claramente discriminatorias".

Asimismo, en el enjuiciamiento criminal se ha de revisar todo el procedimiento para garantizar los derechos de las personas con discapacidad a un juicio justo y a una defensa correcta y con todas las garantías, de modo que no sufran una doble victimización, como ocurre actualmente.

Para el Cermi, la agenda de asuntos "es enorme" y el Ministerio de Justicia y el Gobierno han de impulsarla "con rapidez" y, en todo caso, con arreglo a los principios y mandatos de la Convención, que obliga a alterar "sustancialmente" muchas de las instituciones aceptadas en relación con la Justicia y las personas con discapacidad.