Después de conocerse que los cargos del PP han cobrado un total de 22 millones de euros al margen de sus retribuciones públicas, Alonso insistió en que ese método “puede gustar más o menos” pero es “legal”.

“Todas las retribuciones se han realizado de manera legal y las cuentas han sido trasladadas para su fiscalización al Tribunal de Cuentas y cuando los tribunales lo requieran, todo lo que pidan va a ser aportado”.

En una rueda de prensa posterior a la reunión de la Junta de Portavoces, Alonso insistió en que lo esencial del caso es que todo sea legal y se felicitó de la próxima aprobación de una ley de transparencia que obligará a todos los partidos y entidades con financiación pública.