El abogado Alfonso Trallero, que representa a Bárcenas y a su mujer, Rosalía Iglesias, ha presentado ante el juzgado de Ruz un escrito donde pide el aplazamiento de ambas comparecencias. El magistrado todavía no ha tomado una decisión pero las fuentes jurídicas consultadas indican que parece difícil que las diligencias solicitadas por la defensa puedan aplazar las declaraciones de Bárcenas e Iglesias.

Ruz decidió el pasado 10 de junio ampliar la imputación del extesorero del PP y de su mujer y les atribuyó nuevos delitos de blanqueo de capitales, estafa procesal en grado de tentativa y falsedad documental por el contrato falso que hicieron firmar a una pintora argentina para justificar un ingreso en efectivo de 560.000 euros. El juez, al hilo de esta nueva imputación, les citó a declarar para el próximo 27 de junio.

La nueva prueba solicitada por la defensa de Bárcenas e Iglesias es precisamente que se someta a una pericial caligráfica a la pintora argentina, Isabel Mackinlay, quien reconoció que se prestó a realizar un montaje mediante unos contratos ficticios.

CONTRATOS FALSOS

Mackinlay explicó hace dos semanas por videoconferencia desde Buenos Aires que accedió a firmar un contrato ficticio en el que se señalaba que Iglesias Villar recibía 560.000 euros por la venta de dos tablas del siglo XV. La testigo, a la que se hizo pasar por marchante de arte cuando en realidad es pintora y restauradora, obtuvo una comisión de 1.000 dólares por la firma de este contrato, en el que aparecía como intermediaria de la operación.

La ciudadana argentina explicó que, poco después, tuvieron que rectificar el contrato para señalar que, en vez de dos tablas del siglo XV, lo que Iglesias Villar había vendido era en realidad un cuadro del pintor napolitano del siglo XVII Giuseppe Recco.

Iglesias, imputada en el ‘caso Gürtel’, ingresó en el año 2006 un total 560.000 euros en efectivo en una sucursal de Caja Madrid. En sus declaraciones en la Audiencia Nacional, Bárcenas y su esposa aseguraron que este dinero respondía a la venta de varios cuadros en la que intermedió Mackinlay.

El juez cree que el citado contrato fue utilizado con el objetivo de “inducir a error a los órganos jurisdiccionales y obtener el archivo de la causa respecto al delito fiscal investigado”.