Torres-Dulce se refirió a este asunto en Madrid, tras participar en el Ministerio de Justicia en la inauguración de la 11ª Sesión del grupo de trabajo hispano-francés de cooperación judicial contra el terrorismo.

Al término de este acto de apertura, el fiscal general fue preguntado por la polémica por el espionaje en EEUU y Gran Bretaña, donde, según se ha publicado, las autoridades han accedido a datos de Google y Facebook de miles de usuarios.

A este respecto, Torres-Dulce señaló que “la enorme volatilidad de las comunicaciones, y la enorme presión respecto de la intimidad que suponen avances tecnológicos no pueden dejar de lado la exigencia siempre del respeto a la intimidad, a la privacidad, porque forman parte de la calidad democrático de la vida de cualquier país”.

Aseguró que cualquier interferencia “en la privacidad o la intimidad de las personas siempre debe estar asegurada por una presencia judicial” y “sólo muy excepcionalmente” estas garantías pueden ser “derogadas”.

Destacó que la propia legalidad española establece que esta especial protección de la intimidad y las comunicaciones puede ser levantada cuando se dan “grandes amenazas a la seguridad exterior o interior” del país.

“Mientras tanto”, afirmó, “lo que motiva fundamentalmente que vivamos en un Estado democrático reside en que los valores básicos de la dignidad humana, entre ellos la intimidad y la privacidad, que deben ser preservados”.

Por este sentido, afirmó que “sólo la orden judicial” puede permitir “la invasión de esa intimidad” , en referencia a las comunicaciones personales de los ciudadanos.