La Eurocámara hace un alegato en favor del derecho a la libertad de expresión como “un derecho humano universal, fundamento de la democracia y esencial para el ejercicio de otros derechos que las personas de todo el mundo luchan por obtener”.

El texto asegura que las restricciones a la libertad de expresión “tienen graves consecuencias” y “solo pueden justificarse si están sujetas a condiciones limitadas y estrictas, establecidas por leyes consideradas legítimas según el Derecho internacional”.

El Parlamento Europeo “lamenta que se hiera o se asesine a tantos periodistas o que sean víctimas de abusos graves en todo el mundo, a menudo con impunidad”.

A su juicio, no se pueden abordar las amenazas y la violencia dirigidas contra periodistas ni garantizar su seguridad“a menos que las autoridades políticas, judiciales y policiales adopten medidas decisivas contra quienes atacan a los periodistas y su trabajo”.

“Los efectos de la impunidad tienen un impacto no solo en la libertad de prensa sino también en la labor diaria de los periodistas, creando un clima de miedo y autocensura”, agrega.

Estrasburgo considera que la UE “debería tener una postura más firme hacia los países que constantemente permiten que dichos actos queden impunes”, y pide a todos los Estados miembros “que garanticen la seguridad de los periodistas”.

"GRAN CONCENTRACION"

En otro punto, la resolución remarca que las leyes, las multas y “la gran concentración de la participación de los políticos y otras personas con intereses en conflicto” son todos factores que “pueden limitar la libertad de obtener información y de acceder a ella, y esto puede conducir a amenazas a la libertad de expresión”.

El pronunciamiento de los europarlamentarios también destaca el papel “fundamental” de las plataformas de comunicación digitales y en línea en los levantamientos contra regímenes dictatoriales en los últimos años, y subraya la digitalización “permite a los ciudadanos acceder más fácilmente a la información y examinar la labor de los agentes públicos, y asegurar que los datos y los documentos se compartan y divulguen, y que los casos de injusticias o de corrupción salgan a la luz”.

En alusión a multinacionales como Google, la resolución dice que las plataformas de transmisión de datos o servicios digitales (informatizados), como los motores de búsqueda, “están en manos de particulares y requieren transparencia, con objeto de preservar el valor público de la información e impedir las restricciones en lo relativo al acceso a la información y a la libertad de expresión”.