El informe explica que el impacto fiscal de la inmigración en España, es decir, la diferencia entre las aportaciones vía impuestos y cotizaciones a la Seguridad Social de estas personas y el gasto en servicios públicos, beneficios sociales y pensiones, arroja un resultado positivo que representa algo más de medio punto del PIB.

El impacto fiscal, según los datos medios recogidos entre 2007 y 2009 por la OCDE, sitúa el saldo positivo en España por encima de la media de los países más desarrollados, que es del 0,35% del PIB.

Los países con un mayor saldo positivo son Luxemburgo (2,02%) y Suiza (1,95%), mientras que el que sufre el impacto negativo más pronunciado es Alemania con el 1,13%.

El informe de la OCDE añade que el saldo positivo en España sin tener en cuenta el sistema de pensiones, es decir, sin las cotizaciones sociales ni el pago de las prestaciones, se sitúa en el 0,21% del PIB. Es decir, que el saldo relacionado con las pensiones supone 0,33 puntos porcentuales del PIB.

De hecho, sin contar con estas partidas, el impacto fiscal de los inmigrantes en la arcas públicas españolas es inferior a la media de la OCDE, que se sitúa en el 0,57% del PIB.

Por su parte, el informe también destaca que el flujo de llegada de inmigrantes a España continuó cayendo a lo largo de 2011, hasta totalizar 416.000, un 3,5% menos con respecto a 2010 y un 55% por debajo del máximo alcanzado en 2007 (920.000 llegadas).

Así, el número de residentes extranjeros en España con permiso alcanzó los 5,4 millones hasta el pasado mes de septiembre de 2012, un 3,1% más con respecto al mismo periodo del año precedente.

El informe también muestra que un tercio de los españoles que emigra a la principal economía de la UE (Alemania) vuelve pocos años después a su país de origen al no ver cumplidas sus expectativas.