Se trata de objetivos, según la Comisión, destinados a reducir drásticamente los riesgos y a proteger a las personas y al medio ambiente. Se introduce un sistema de revisiones inter pares regulares europeas, el aumento de la transparencia sobre cuestiones de seguridad nuclear y el refuerzo de las competencias de las autoridades reguladoras nacionales.

El Comisario de Energía, Günther Oettinger, afirmó que “corresponde a los Estados miembros decidir si quieren producir energía nuclear o no” pero que la Comisión debe “garantizar que, en cada uno de ellos, la seguridad ocupa la máxima prioridad”. Actualmente están funcionando en Europa 132 reactores nucleares.

La nueva directiva europea, según un comunicado, fija un objetivo de seguridad que pasa porque los Estados miembros velarán por que, en caso de accidente, la radiactividad liberada en el medio ambiente “sea prácticamente nula”.

Así como revisiones jurídicamente vinculantes a escala de la UE cada seis años, de manera que los países de la UE deberán aprobar de común acuerdo los temas específicos y la metodología conjunta de las revisiones que deben llevar a cabo equipos plurinacionales, así como aplicar las recomendaciones.

Ademas, se darán revisiones nacionales, de manera que todas las centrales nucleares serán sometidas a una revisión periódica de seguridad como mínimo cada diez años y a una revisión específica en caso de una posible ampliación de su periodo de vida útil.

Para las nuevas centrales, se diseñarán de forma que se garantice que si el núcleo del reactor sufre daños, esto no tenga consecuencias fuera de la instalación.

Otras de las novedades pasa porque cada central nuclear deberá contar con un centro de respuesta ante las emergencias que esté protegido contra la radiactividad y terremotos o inundaciones y aplicar directrices estrictas en materia de gestión de accidentes.

En lo que atañe a la transparencia, las autoridades reguladoras nacionales y los gestores de las centrales deberán elaborar una estrategia que defina cómo informar al público no solo en caso de accidente, sino también durante el funcionamiento normal de la central. Esta estrategia deberá ser publicada. Además, los ciudadanos tendrán la oportunidad de participar en el proceso de toma de decisiones cuando se expida la licencia de una nueva central nuclear.

Por último, la Directiva garantiza, según la Comisión, que las autoridades reguladoras nacionales son independientes en sus procesos de toma de decisiones y que los intereses políticos, económicos o societarios no pueden prevalecer sobre los objetivos de seguridad. Las autoridades reguladoras nacionales deberán dotarse con fondos suficientes y personal especializado para permitir su funcionamiento eficaz.