En declaraciones a Servimedia, el secretario general de Gestha, José María Mollinedo, aseguró que la querella está “muy bien fundamentada y es sólida”, y apunta que los abogados del deportista deberían recomendarle reconocer el delito y pagar los cuatro millones de euros defraudados.

De esta manera, se evitaría el mal trago de enfrentarse a un juicio, con el impacto que tendría en su imagen pública y en los contratos publicitarios y de patrocinio, y la posibilidad de ir a la cárcel, destacó.

Mollinedo señaló que no cree que Messi tenga los “conocimientos técnicos” fiscales y que está “amparado por un asesor tal vez con pocos escrúpulos” que para “maximizar ventajas” fiscales “traspase los límites” legales.

“Creemos que Messi no estaba informado de esta situación, habrá confiado en sus asesores o en su padre”, dijo el secretario general de Gestha, quien insistió en que “es creíble que él no estuviera al tanto”.

CANTIDAD “ASUMIBLE”

Una vez el juez admita la querella e impute al futbolista por los tres delitos de los que le acusa la Fiscalía de Barcelona, se abre un plazo de dos meses en los que si el jugador del Barça reconoce el delito y paga los 4 millones se le impondrá la pena inferior, que tras las la reducción de dos grados sería de tres meses por delito, es decir, nueve en total.

De esta manera, Messi no entraría en presión al ser condenado a menos de dos años y no tener antecedentes penales, indicaron desde Gestha.

Mollinedo subrayó que aunque “la cantidad puede parecer mucho dinero para el común de los mortales, para los ingresos de un deportista tan cualificado no le es”, por lo que “perfectamente asumible”.

En todo caso, a los cuatro millones que apunta la Fiscalía habría que sumar los intereses de demora y una sanción en el caso de que el juez la determine.

“PRACTICA HABITUAL”

Desde Gestha indicaron que ceder los derechos de imagen a una empresa para que maximice los ingresos es “una práctica muy habitual” entre deportistas y estrellas del espectáculo.

El secretario general de la organización apuntó que si esa empresa está radicada en España el tipo que se aplica es del 30% de los beneficios, si se radica en otros países con una tributación más baja la cantidad sería “sensiblemente inferior” y que luego ya hay “artificios fiscales” para no pagar.