Gallardón respondía así a una interpelación de UPyD defendida por Díez en la que esta formación abogaba por poner fin a los distintos supuestos de aforamiento y otro tipo de "privilegios" procesales de los que, a su juicio, "disfrutan" en la actualidad más de 10.000 políticos y cargos públicos.

Este régimen, dijo la portavoz desde la tribuna, amenaza “la independencia de los jueces y tribunales” y son “prerrogativas que carecen de sentido” y no pasan de ser un “anacronismo” en el siglo XXI.

Díez cree que este régimen que arropa a los parlamentarios y otros servidores públicos se sitúa a un paso de la “impunidad” y por eso está en “franco retroceso” en la mayoría de los países europeos, argumento que debería “hacernos pensar que estamos equivocados”.

A su entender, el aforamiento obstaculiza la lucha contra la corrupción, es fuente de impunidad y prueba de que la legislación española se aparta de la europea, como demuestra que en Portugal e Italia sólo hay un aforado, el presidente de la república.

Díez explicó, además, que en Francia esa cifra sube a diez personas y en Alemania no hay ni una sola persona acogida a ese régimen especial, mientras que en España suman 10.000 loa aforados.

El ministro de Justicia aseguró que estas afirmaciones conducen a “confusión y error” puesto que de esos 10.000 aforados, dijo, 7.000 son jueces, magistrados y fiscales, que sólo están sometidos a este régimen para los delitos que pudieran cometer en el ejercicio de sus responsabilidades.

Explicó también que colectivos como las Fuerzas Armadas o los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado están sometidos a jurisdicciones especiales en función de la tarea que tienen encomendada.

También recordó a la diputada que muchos de esos aforados a los que se refiere tienen su situación regulada por la legislación autonómica, sobre la que el Parlamento no tiene capacidad normativa.

En suma, el ministro cifró en sólo 57 personas, aquellas sobre las que las Cortes Generales pueden legislar. Se trata de los 30 miembros del Consejo de Estado, 12 del Tribunal Constitucional, 12 del Tribunal de Cuentas, el Defensor del Pueblo y sus 2 adjuntos.

Pero la mayor arremetida de Gallardón estaba aún por llegar cuando se dirigió a Díez para decirle que aunque ha “buscado” no ha sido capaz de encontrar ninguna referencia a su deseo de renunciar al aforamiento en sus más de 27 años de carrera política.

La referencia no sentó bien a la diputada quien recordó al actual ministro de Justicia que en los años 80 firmaba que mientras existiera ese ministerio “no habría justicia independiente”.

Gallardón reconoció que esa era su opinión sobre el departamento que ahora dirige cuando estaba en manos de los entonces compañeros de partido de Rosa Díez, que militaba en el PSOE.

El ministro acabó reconociendo que la portavoz se ha remitido a informes realizados por “personas doctas cargadas de fundamento”, aunque ella “ha cometido un tremendo error: No se lo ha leído y sólo ha mirado unos papees que le han preparado”.

Por eso acabó pidiendo “por fafor, que la próxima vez se documente bien y no vuelva nunca más a calificar a jueces, magistrados y fiscales como políticos privilegiados porque ellos son la garantía de nuestra libertad y nuestra democracia”.