En un comunicado, el Sepla explica que dicha preocupación se deriva de las declaraciones hechas la semana pasada por el secretario general de la patronal AECA–Helicópteros, Dámaso Castejón, que presentó la campaña de extinción de incendios contratada este año por las comunidades autónomas.

En sus declaraciones, Castejón denunció la enorme morosidad acumulada por las administraciones públicas con las empresas adjudicatarias de las campañas de extinción de incendios, que asciende a 70 millones de euros en todo el territorio nacional.

Asimismo, recordó que estas empresas dependen en su mayor parte de los contratos con las comunidades autónomas, y que alrededor del 20 por ciento de su facturación se reinvierte en la formación y especialización de su personal, así como en el mantenimiento y la renovación de la flota.

Por ello, Sepla expresa esta preocupación por la incidencia que puede tener para la seguridad aérea la reducción en los ingresos de las empresas, así como por su propia viabilidad, ya que de ellas dependen 2.400 profesionales.

En consecuencia, insta a la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA) a tomar las medidas necesarias para garantizar la seguridad de las operaciones, a la vez que pide a las administraciones que den absoluta prioridad a solventar sus deudas con las operadoras de helicópteros.

“La crisis no puede servir de excusa para precarizar las condiciones en las que se desenvuelve una operación del riesgo y la precisión de la extinción de incendios”, concluye el comunicado.