En el escrito, los populares explican que su pretensión es “acercar a representantes y electores” y aseguran que con esta medida se conseguirá, ya que “los candidatos de cada circunscripción tendrán que ganarse el voto, conocer los problemas de los ciudadanos y comprometerse a resolverlos”.

El PP considera que “el inmovilismo no es una alternativa al sentimiento de lejanía y escasa valoración de los ciudadanos hacia la Asamblea de Madrid y hacia la labor de los diputados”.

En cuanto a la forma de la comisión, establecen que estará formada por 12 diputados: cinco del PP, tres del PSOE, dos de IU y dos de UPyD.

La comisión podrá convocar a representantes políticos, entidades, fundaciones y asociaciones que tengan especial conocimiento de la materia objeto de la comisión y se extinguirá a la finalización del trabajo encomendado y en todo caso, al concluir la legislatura.

VETO DEL PP

Por otro lado, el secretario general del PSM, Tomás Gómez, desunió el "veto" del PP a una iniciativa suya para “fortalecer el papel del Parlamento y respetar y facilitar la labor de los grupos parlamentarios”.

Señaló que contempla medidas a favor de la calidad democrática y la transparencia como son la obligatoriedad de la comparecencia del presidente del Gobierno al final o al principio de cada periodo de sesiones, la celebración de debates y plenos monográficos sobre los temas que afectan de forma más directa a la calidad de vida de los ciudadanos, la rendición de cuentas anual en el mes de julio de los miembros del Consejo de Gobierno, celebrar dos plenos semanales en la Asamblea, uno para iniciativas de información y de control y otros para iniciativas de impulso y de carácter legislativo.

Dijo que el PSM también pretende “facilitar el necesario control del Ejecutivo por parte de la oposición, reforzar la fiscalización y control parlamentario de las empresas públicas, entes y organismos estableciendo la comparecencia semestral de los representantes de las mismas o hacer público cada seis meses toda la información sobre los gastos de representación e indemnizaciones de los altos cargos del gobierno y directivos de los organismos, entes y empresas públicas de la Comunidad”.